OEA recibirá de la CIDH informe que documenta la perpetuación de Ortega en el poder

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó al presidente del Consejo Permanente de la OEA que en la próxima sesión incluya en la agenda la presentación del informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH) titulado «Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua».

El documento señala que Daniel Ortega y Rosario Murillo «tienen instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control».

La CIDH explicó que la centralización del poder por el Ejecutivo en Nicaragua ha facilitado que el país se transforme en un Estado policial.

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Almagro solicitó al presidente del Consejo Permanente de la OEA que incluya la participación de Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, para que presente los principales hallazgos del informe que denuncia la concentración del poder de la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El organismo regional afirmó que el gobierno nicaragüense ha intensificado la represión en el país, «a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo siete personas precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)».

«Se observó la cancelación de personalidades jurídicas de tres partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente», agrega el informe.

La CIDH apuntó que con estas acciones la pareja de dictadores busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que «no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural».