Ernesto Medina presiona al Cosep para formar un frente común en la lucha por la libertad de Nicaragua

El doctor Ernesto Medina, una de los críticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, demandó beligerancia al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en sus comunicados, ante la arbitraria detención de su presidente Michael Healy y su vicepresidente Álvaro Vargas.

«Mi llamado al Cosep para que repudie de manera categórica esta flagrante violación a los derechos humanos de sus dirigentes y para que de una vez por todas, se una a los sectores que verdaderamente se oponen al régimen, para formar un frente común para luchar por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua», señaló Medina, a través de una publicación en su perfil de la red social Facebook.

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La solicitud que hace el opositor al gremio empresarial y uno de los participantes del intento fallido de diálogo nacional se da porque este sector había preferido guardar silencio ante la nueva escalada represiva iniciada en mayo de 2021. Estas acciones por parte de la dictadura han dejado al menos 39 presos políticos electorales, entre ellos líderes políticos, aspirantes a la presidencia, banqueros, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos.

Por su parte, el Cosep rompió el silencio y calificó las acciones represivas del régimen de Ortega-Murillo como «un ataque directo» a la empresa privada y sus principales dirigentes, debido a que los recientes hechos «no contribuyen a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos» reiteró.

Ante los arrestos arbitrarios perpetrados por la Policía orteguista, el catedrático Ernesto Medina mostró su solidaridad con los directivos del gremio empresarial y sus familias.

El 21 de octubre, el Ministerio Público, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en tiempo récord, realizó las supuestas audiencias de garantías constitucionales para intentar justificar las detenciones arbitrarias a los dos principales directivos del Cosep. La institución judicial amplió a 90 días el plazo de investigación para los empresarios usando sus «audiencias secretas».

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A los nuevos presos políticos los «investigarán» por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos; y «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía. Tras los hechos recientes, la lista de presos políticos electorales asciende a 39 y ya son más de 150 nicaragüenses encarcelados por oponerse a las arbitrariedades de Ortega.