Nicaragua tiene uno de los gobiernos más corruptos de Latinoamérica, aseguran organismos internacionales
El organismo internacional de Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y el Foro Ciudadano de las Américas presentaron el informe titulado «Gobernabilidad democrática frente a la corrupción», donde expusieron el «panorama preocupante» que vive Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, al que señalaron de ser uno de los gobiernos más corruptos de América Latina .
Afirman que en Nicaragua no existen «garantías para el control ciudadano y estatal», que regulen la corrupción y la transparencia en el sistema de gobernabilidad, acuerdos firmados en el Compromiso de Lima por los países del continente americano. El país se encuentra en el top tres de países con más índice de corrupción, seguido de Haití y Venezuela.
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El coordinador general de Redlad, Enrique Obarrio, señaló que esos países se encuentran con una «democracia en cuidados intensivos, con gobiernos corruptos y autoritarios».
Los investigadores destacaron que el régimen de Daniel Ortega ha violentado la mayoría de los acuerdos suscritos en el Compromiso de Lima, principalmente «la gobernabilidad democrática, la transparencia y financiamiento a la política, libertad de expresión y la autonomía e independencia judicial», posicionando de esta manera a Nicaragua como uno de los gobiernos más corruptos en el continente.
Indican que «no solo hay desconocimiento de los mecanismos de denuncia o falta de información en los casos de corrupción, sino que, aunque existan esos mecanismos de información, hay miedo legítimo de denunciar la información en Nicaragua, investigar estos temas o hablarlos públicamente ya que los denunciantes puede ser acosados, perseguidos o encarcelados», aseguran los organismos internacionales.
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Los exponentes lamentaron que «el régimen dictatorial no permita que existan espacios para un diálogo en donde se expongan estas problemáticas de manera segura». Además, destacaron que Nicaragua es medido con el acuerdo de Lima porque aunque no suscribió ese documento hace uso de los espacios que son parte de los beneficios y por lo tanto debe responder a las exigencias internacionales.
La dictadura de los Ortega-Murillo ha ejercido mayor represión a opositores y sociedad civil en un periodo de elecciones presidenciales «sin garantías» con candidatos apresados y partidos políticos inhibidos. Actualmente, se encuentran más de 150 presos políticos sometidos a torturas psicológicas y con poco acceso a medicinas. A estos detenidos la dictadura les ha aplicado «audiencias secretas» sin representantes legales ni familiares.
Como Colombiano lamento sinceramente la corrupción que se extiende por toda latinoamérica y la relegación o postergación, de las investigaciones en materia judicial para obrar contra esos políticos que se quieren sembrar en el poder. Somos conscientes de los perjuicios que esa idea que ya se estableció contra viento y marea, nos tenga sumidos en la incertidumbre de elegir un buen gobierno. En Colombia Uribe hizo lo que Ortega, compró parlamentarios para votar la reelección de presidente con tan mala suerte que su sucesor, después su contradictor una vez en el poder, le copió y consiguió reelegirse. En el gobierno de Uribe durante ocho años fue cuando más crímenes de lesa humanidad se cometieron. Requerimos que la CORTE PENAL INTERNACIONAL actúe decididamente, ya que nuestros jueces o no son capaces o son intimidados.