Organismos internacionales piden al mundo defender el periodismo en Nicaragua

Un grupo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa en la región elevó un llamado a la comunidad internacional para que unan esfuerzos y condenen públicamente al régimen de Daniel Ortega por las violaciones a la libertad de expresión,la prensa libre y que realicen un llamado a la dictadura a restablecer las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes en el país.

Las organizaciones instaron al régimen Ortega-Murillo a garantizar la prensa libre y la libertad de expresión. «Ante la gravedad de la escalada represiva y la persecución sistemática contra la prensa independiente, y las voces disidentes, las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua (y) condene las violaciones a estos derechos», señala el pronunciamiento.

Las organizaciones firmantes son AMARC-ALC, Committee to Protect Journalists (CPJ), IFEX-ALC, Instituto Internacional sobre raza, igualdad y derechos humanos, PEN Internacional y Voces del Sur.

Desde abril del 2018, el régimen ha gestado una brutal embestida contra la prensa independiente en el país, confiscó medios de comunicación nacionales y locales; arrebató la frecuencia de 100% Noticias; encarceló periodistas; un periodista murió en la cobertura de las protestas sociales en Bluefields; obligó el cierre de El Nuevo Diario, Metro y QHubo; mantiene un embargo aduanero de la materia prima de La Prensa; ha citado a decenas de periodistas en la investigación por supuesto lavado de dinero, bienes y activos y más de un centenar de comunicadores han salido del país por temor a represalias y para proteger su integridad física y libertad.

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«En los últimos meses se han abierto múltiples procesos judiciales contra voces críticas y líderes de oposición, a quienes se les investiga actualmente por supuesta traición a la patria bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y hasta la fecha, hay 33 personas detenidas por ejercer su derecho a disentir del actual gobierno, y haber sido identificadas como “opositores al gobierno”», denuncian las organizaciones.

Las denunciantes explican que lo que ocurre en Nicaragua constituye un «acto de hostigamiento» contra la prensa y pretende generar un «efecto inhibitorio» en los periodistas y medios de comunicación para que dejen de informar sobre la realidad que atraviesa el país desde el inicio de la crisis sociopolítica y previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. «A pocos meses de que se lleven a cabo elecciones nacionales en el país, es indispensable el respeto a la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas», afirman.

«Las actuaciones del Estado nicaragüense contravienen los Principios de Chapultepec así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en específico el artículo 19», aseveran.

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En el pronunciamiento demandan al Ministerio Público de Nicaragua que «cese las agresiones, persecuciones y judicializaciones» en contra de periodistas y medios de comunicación independientes; exigen la liberación inmediata de los tres directivos de La Prensa: Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, así como del precandidato a la presidencia y periodista Miguel Mora, el periodista Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano y todos los presos políticos que permanecen en las cárceles del país.