Orteguismo castiga a Iglesias con reducción de presupuesto

El régimen orteguista, en plena campaña de persecución religiosa, ordenó una reducción drástica de los fondos públicos asignados para instituciones y programas sociales que maneja la Iglesia Católica de Nicaragua, que según informaciones periodísticas publicadas hoy en el país, ascendería a 8.87 millones de córdobas.

El “golpe económico” a la institución religiosa llega tras el congelamiento de facto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado nicaragüense.

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En general, el recorte a las instituciones religiosas (católicas y protestantes), ascendería a 18.83 millones de córdobas, de una partida de 42.60 millones que se habían asignado en un inicio, lo que reflejaría una reducción global de más de 42% de las asignaciones del Estado para la Iglesia.

La Asamblea Nacional de Nicaragua (unicameral), dominada por el partido de gobierno aprobó hoy una drástica reducción del presupuesto general de Nicaragua, valorada en 8,093 millones de córdobas en ingresos totales y 5,912 millones en gastos.

Según Daniel Ortega, la reducción del presupuesto nacional se debe a la caída de la tributación, la desaceleración económica y la congelación de diversos fondos de cooperación externa, debido a la grave crisis socio-política que vive el país desde el 18 de abril, que según datos de organismos de derechos humanos, se ha saldado con la vida de 448 ciudadanos.

Parroquias y santuarios afectados

94 parroquias y santuarios fueron afectados con el recorte de la ayuda estatal, entre las que se incluye a la Arquidiócesis de Managua, dirigida por el cardenal Leopoldo Brenes.

Según información de La Prensa, el mayor recorte hacia una institución religiosa católica ascendería por el monto de 800 mil córdobas.

Las parroquias del país han servido literalmente como hospitales y centro de refugio para la población que ha salido a protestar contra la represión ejecutada por el régimen orteguista desde el mes de abril. Los Obispos, sacerdotes y religiosas han expuesto la vida, muchos de ellos entre las balas represivas de los aparatos de seguridad, para socorrer heridos y trasladarlos a un lugar seguro.

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Ortega y su esposa, Rosario Murillo –ámbos, en el poder desde enero de 2007-, en respuesta a la posición de la Iglesia, han lanzado una feroz campaña de persecución religiosa, que se ha basado en campañas de difamación a sacerdotes y obispos en medios de comunicación plegados a la línea gubernamental y redes sociales, así como la profanación de templos por medio de turbas dirigidas por el partido de gobierno.

En Nicaragua, las instituciones religiosas reciben subvención estatal cuando no son autosuficientes económicamente –por estar en zonas de extrema pobreza-, cuando custodian patrimonio artístico o cultural de la nación (caso de templos religiosos construidos en la época colonial española, las Catedrales y los santuarios), o por la ejecución de programas sociales a sectores que el Estado no puede atender por medio de sus propias instituciones.

También los evangélicos

Según el mismo reporte periodístico de La Prensa, las iglesias evangélicas (aglutinan a un 30% de la población), se les proyecta un recorte de 9.96 millones de córdobas, que estaban repartidos entre 79 congregaciones protestantes y asociaciones evangélicas.

Desde 2017, se redujeron los fondos públicos de ayuda a la Iglesia

Según una investigación del diario La Prensa, titulada “Menos dinero para iglesias”, fechada en enero de 2016, durante la administración de Daniel Ortega, los recortes a la subvención estatal para la Iglesia Católica y las congregaciones protestantes habían ascendido al 66.43%, según datos oficiales del mismo gobierno nicaragüense.

Por ejemplo, en el año 2009, el gobierno de Ortega dejó de entregarle fondos a dos instituciones protestantes (Alianza Nacional Evangélica y Consejo de Pastores de Nicaragua), mientras que redujo las asignaciones para las Catedrales de las Diócesis de Granada, León, Matagalpa y Managua.

La misma investigación detalla que tanto el arzobispo Leopoldo Brenes y el obispo Jorge Solórzano expresaron que cuando la Iglesia Católica solicita fondos públicos, lo hace para programas específicos y que anualmente la institución pasa una memoria del manejo de los fondos a la Asamblea nicaragüense.

“Son proyectos muy concretos y específicos; por ejemplo para reconstruir el techo de un templo, la reconstrucción de un templo, la construcción de su muro; son proyectos concretos los cuales los sacerdotes tienen que dar informe con facturas y yo les oriento a los sacerdotes ser muy correctos en los informes”, dijo en ése momento el arzobispo Brenes.

Brenes aseguró, además, que la Iglesia introducía los proyectos ante la Comisión Económica del Parlamento, pero que eran los legisladores quiénes decidían si asignaban los fondos o no.

Por su parte, Monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada –y en ése entonces, secretario general del Episcopado-, aseguró que el dinero asignado por el Estado a la Iglesia asegura el mantenimiento de las parroquias en zonas pobres, y su labor social.

“Las ayudas del presupuesto a las catedrales y parroquias se recibe para mantenimiento y proyectos concretos como pintura, techos, etcétera”, puntualizó el obispo Solórzano.

Según la investigación de La Prensa las parroquias son excelentes ejecutores de los fondos estatales que reciben, ya que en los informes de liquidación presupuestaria, se refleja que el cumplimiento de los proyectos es superior al 90%, que se traduce en que los sacerdotes utilizan el dinero público de verdad para los fines que los solicitaron.