Amnistía Internacional: Daniel Ortega perfecciona tácticas para reprimir «a cualquier precio»

El gobernante Daniel Ortega ha mostrado que «está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua», mediante el uso de nuevas estrategias que incluye detenciones arbitrarias, confiscaciones, imputaciones de cargos falsos y la aprobación de leyes represivas, confirma el reciente informe de Amnistía Internacional presentado este lunes, 15 de febrero.

«Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país», indica el documento titulado «Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua».

En él se señala que Ortega no solo ha profundizado, sino que también ha perfeccionado su aparato represivo con táctivas catalogadas como «sofisticadas» con el fin de reprimir y callar la crítica y demanda social «a cualquier precio». La organización denuncia tres tácticas para «ahogar» la denuncia pública que son la prisión, aprobación de leyes y la «muerte» civil.

Durante la presentación oficial en la que participaron Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Tifani Roberts, periodista de Univisión; Antonia Urrejola, comisionada y relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional; se detallan encarcelamientos arbitrarios, malos tratos a opositores detenidos, excarcelados regresados a prisión, y hostigamiento a periodistas independientes y exreos políticos, así como la aprobación de las nuevas Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos.

«En Nicaragua nada está normal. La crisis de derechos humanos arrecia la estrategia de cierre de todos los espacios cívicos, se han intensificado, y con ello, se ha agravado la crisis. La Comisión (CIDH) identifica a Nicaragua una quinta etapa de la estragia represiva estatal con el mantenimiento de un Estado de excepción de hecho», manifestó Urrejola. Advirtió que este contexto de represión tiene efecto en el proceso electoral y las garantías de unas eventuales elecciones libres y democráticas.

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Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, explicó que en esta nueva etapa el régimen ha promovido una sistemática campaña de estigmatización e imputaciones calumniosas llamando «traidores a la Patria» a opositores. Denunció el acoso a exreos políticos y grupos políticos opositores, y la situación de violencia que enfrentan las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos.

«Vemos una estrategia silenciosa. El ataque está siendo de manera personal», manifestó por su parte, Tifani Roberts, quien relató el ataque contra Radio Darío, el exilio de periodistas, el terrorismo fiscal contra medios de comunicación y las demandas por injurias en contra de periodistas independientes.

«Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos», refleja Amnistía Internacional.