Ley de Ortega que veta candidatura de opositores genera repudio a nivel internacional

La denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, normativa de Daniel Ortega con la que vetarán a la opositores para ocupar cargos públicos, despertó rechazó en la comunidad internacional y hasta mofa en la oposición política nicaragüense.

El opositor Félix Maradiaga, dirigente de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), denunció este lunes, 21 de diciembre, que «los acólitos de la familia en el poder aprobaron una ley espuria que prohíbe ser candidato a cualquiera que promueva o aplauda las sanciones. Aunque parezca un «chiste de mal gusto», eso dice esa ley».

«Y se hacen los «de a peso», queriendo ignorar que cuando ellos (el FSLN) querían derrocar a Somoza recorrrieron el mundo pidiendo sanciones porque perfectamente saben que las sanciones fueron un método de lucha no violenta. Es una muestra más de la hipocresía que les caracteriza», resaltó Maradiaga.

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Advirtió, por el contrario, los «serviles de la dictadura en La Chanchera (Asamblea Nacional) se llevarán una gran sorpresa si creen que al inhibir a quienes hemos trabajado y pedido mayor presión internacional, si creen que con eso nos vamos a callar, se equivocan. Vamos a trabajar con más fuerza, para que esta dictadura se vaya al carajo y se abran las puertas a un país en libertad y justicia».

Por su parte, el opositor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), calificó la normativa como «el reciente acto de locura» del dictador Ortega. «Nada nuevo de parte de un decrépito y oxidado régimen que viéndose rechazado por el pueblo nicaragüense busca zancudiar las elecciones y desmotivar al electorado», añadió Chamorro, quien no descarta que el régimen cuente con «colaboracionistas comprados» en los próximos comicios.

«Si uno la ve en estricto rigor y en un Estado de derecho, donde las evidencias se llevan a un juzgado, el dictador Ortega sería inhibido de manera automática, no por una, sino por varias de las razones que contempla la ley», indicó Chamorro.

La primera causa para inhibir a Ortega es por ser «vendepatria», dado que con el proyecto canalero y la ley del Canal con Wang Jing, Ortega prácticamente regaló la soberanía nacional.  «No ha habido en la historia de Nicaragua acto de servilismo similar», señaló.

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El eurodiputado español José Ramón Bauzá, por su parte, demandó un pronunciamiento a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exeriores y Política de Seguridad; y a Pelayo Casro Zuzuárregui, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua.

«Cuando el orteguismo culmine su fraude electoral el próximo noviembre deberá compartir el mérito con la Unión Europea», reclamó Bauzá.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, declaró que la ley es «opuesta a la reforma electoral» y «otro intento burdo de mantenerse en el poder».

«En vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postularse para un cargo y al pueblo el derecho a elegir a sus líderes», dijo el representante de Washington.