Daniel Ortega alista otra guillotina para inhibir hasta «a quien aplauda» las sanciones contra sus operadores

La dictadura de Daniel Ortega envió de urgencia a la Asamblea Nacional, que él controla, una nueva iniciativa de ley, que busca inhibir de cargos de elección popular a cualquier opositor que el régimen califique como «terrorista», «golpista», financiador del «terrorismo» y hasta a quien se alegre por las sanciones a «ciudadanos», como los 27 operadores del anillo de poder de la tiranía que han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.

El régimen enmascara su intento de descabezar a cualquier opositor que se le antoje bajo el nombre de «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz».

«Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, no podrán optar a cargos de elección popular», dice el único párrado de esa iniciativa.

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Jimmy Blandón confirmó que la iniciativa fue distribuida por la primera secretaría legislativa a los parlamentarios, y criticó esta nueva maniobra de la dictadura. «La Constitucion Politica ya establece los requisitos para ser candidatos a elección directa e indirecta. El artículo 134 para ser diputados, el 147 para presidente, el 161 magistrados de la Corte (Suprema de Justicia), el 171 magistrados del Consejo (Supremo Electoral), el 178 para alcaldes y concejales, una ley ordinaria no puede adicionar requisitos o condicionantes, para elegir o ser electo».

Por su parte el dirigente opositor y director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro considera que este es «otro intento de eliminar el pluralismo político, que es uno de los siete puntos de la (Organización de Estados Americanos) OEA».

Esta nueva ley se prevé sea aprobada en la sesión extraordinaria que fue convocada el pasado 16 de diciembre para realizarse en periodo de receso parlamentario el próximo lunes, 21 de este mes. De ser aprobada, esta ley se sumará a la Ley de Agentes Extranjeros que también permite a la dictadura definir quién es considerado un «agente extranjero» y con ello también quedan imposibilitados de competir por cargos de elección popular.