Nicaragua es el tercer país en tratar de abandonar el Parlacen: sus antecesores no pudieron
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el 3 de octubre su decisión de denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y otras instancias políticas con «efecto inmediato», según confirmó la Cancillería nicaragüense a la Junta Directiva del organismo y al Gobierno de Guatemala, país depositario del tratado.
No obstante, la salida de Nicaragua no está exenta de cuestionamientos jurídicos, y es que el propio Parlacen informó que está analizando los alcances jurídicos y operativos de la comunicación enviada por Managua y que someterá el caso a sus órganos internos para las consideraciones legales, políticas y diplomáticas correspondientes.
Históricamente, Nicaragua no es el primer país que intenta salir del Parlacen, antes lo hizo Panamá y El Salvador, aunque no tuvieron éxito.
El intento infructuoso de Panamá en 2009
El Gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli comunicó el 19 de agosto de ese año su intención de retirarse del Parlamento Centroamericano y posteriormente inició el proceso formal para denunciar el Tratado Constitutivo del organismo.
La decisión panameña generó oposición entre algunos de los países miembros. Nicaragua presentó formalmente su objeción el 28 de octubre de 2009, cuando comunicó a Guatemala que no aceptaba el retiro de Panamá.
En ese sentido, el entonces presidente del Parlacen, el diputado nicaragüense Jacinto Suárez (q.e.p.d.), sostuvo que Panamá no tenía una vía jurídica para abandonar unilateralmente el organismo.
El Gobierno panameño, sin embargo, continuó adelante con el proceso bajo el argumento de que, debido a que el Tratado Constitutivo del Parlacen no establecía una cláusula específica de denuncia, podía recurrir a las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El 11 de diciembre de 2009, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 78, que derogaba las leyes mediante las cuales Panamá había aprobado los instrumentos internacionales relacionados con el Parlacen.
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La disputa terminó en los tribunales: en octubre de 2010, la Corte Centroamericana de Justicia determinó que Panamá no podía retirarse unilateralmente del Parlacen y consideró inaplicable la legislación mediante la cual el país había intentado concretar su salida.
En marzo de 2012, por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la Ley 78 de 2009, por lo que el intento de Panamá de abandonar el Parlacen no se consolidó.
El antecedente tiene una particularidad para Nicaragua: el régimen orteguista fue uno de los que se opuso formalmente a la salida de Panamá en 2009, argumentando que un Estado no podía retirarse unilateralmente del Parlacen. Ahora, 17 años después, anuncia su propia salida mediante una denuncia unilateral del mismo Tratado Constitutivo.
El Salvador aprobó su separación en 2025
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos, una reforma constitucional para retirar al país del Parlacen, por lo que, la modificación eliminó de la Constitución las disposiciones que establecían la participación de ese país en el organismo.
La decisión fue impulsada por el partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, y los diputados que promovieron la reforma argumentaron que la participación en el Parlacen no había generado beneficios para El Salvador y cuestionaron el funcionamiento de la institución.
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En este caso, El Salvador utilizó una reforma constitucional para eliminar las disposiciones nacionales que reconocían la participación del país en el Parlamento Centroamericano..
Entonces, el Parlacen respondió a través de un comunicado el 5 de agosto de ese mismo año para rechazar las declaraciones y las acusaciones hechas durante el debate legislativo, pero reconoció la legitimidad
Ante esto, diputados salvadoreños que integran el Parlacen señalaron ese mismo mes que dicho Tratado Consultivo no establece claramente un procedimiento para que un país se retire.
El turno de Nicaragua
Tal como en los dos casos anteriores, lo que complica este procedimiento es que el Tratado Constitutivo del Parlacen no cuenta con una cláusula expresa de denuncia o retiro.
El analista Alex Aguirre, exfuncionario del Sistema para la Integración Centroamericana (SI A), explicó a Artículo 66 que «el mecanismo jurídico para desvincularse del Parlacen es la denuncia del Tratado: un país comunica formalmente que deja de estar obligado por el Tratado Constitutivo y notifica esa decisión al Estado depositario, en este caso es Guatemala».
Aclara que «la diferencia está en las condiciones y en los tiempos establecidos dentro de los sistemas jurídicos de cada país», al tiempo que explica que «en el caso de El Salvador, se tenían que hacer reformas constitucionales y la Asamblea Legislativa debía decir en qué términos se hacía la desvinculación».
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En cambio, en el caso de Nicaragua, «según la nueva Constitución sandinista, eso no es necesario porque quien coordina el Legislativo es el Ejecutivo, por tanto ellos ya tomaron la decisión de denunciar el Tratado».
En tanto, el Parlacen no ha dado por cerrado el asunto, por lo que, una cosa es que Nicaragua haya anunciado oficialmente su retiro y otra es determinar cuáles serán los efectos jurídicos dentro del sistema de integración centroamericana, compuesto por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
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