El crimen previo al pacto que cambiaría Nicaragua
Por: Mosaico CSI y Artículo 66
Una balacera rompe el silencio en la comunidad La Colonia Agrícola, en el municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua; los disparos son tantos que habitantes del sector comparan el estruendo con un combate en tiempos de guerra.
Las balas perforan ambos lados de una camioneta y matan a sus tres ocupantes. Una fuente que conoció de cerca el caso asegura que la Policía recogió más de 150 casquillos, que los cuerpos tenían múltiples impactos.
En la camioneta viajaban José Alfonso Cuadra García, diputado del Partido Conservador; Julio Enrique Ruiz Morales, de la Juventud Conservadora y uno de los dirigentes del Movimiento Scout en Nicaragua; y Francisco Celino Lazo Martínez, conductor del legislador.
Iban hacia una finca que Cuadra había comprado en las montañas de Rancho Grande y que llamaba El Cielo.
“No hacía mucho la había comprado y la quería hacer bonita”, recuerda una persona que conocía al diputado y también la propiedad, pero que prefiere omitir su nombre por seguridad.
El 17 de agosto de 1999, Ruiz había salido de Matagalpa hacia la finca San Sebastián, donde pasó la tarde trabajando y luego cocinó su cena.
Cuadra, en tanto, estuvo ese día en la Asamblea Nacional y salió tarde de Managua hacia Matagalpa. Cerca de las diez de la noche llegó a San Sebastián. Llevaba una pizza que compartió con Ruiz y Lazo mientras hablaban de las mejoras que el diputado hacía en El Cielo y sobre planes con los cafetales.
Esa misma noche en Managua, después de meses de negociaciones, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encabezado por el presidente Arnoldo Alemán Lacayo, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dirigido por Daniel Ortega, hicieron públicos 33 acuerdos relacionados con reformas constitucionales, electorales y con la integración de instituciones del Estado.
Cuadra y la búsqueda de votos contra el pacto
Cuadra llevaba meses siguiendo la correlación parlamentaria que acompañaba aquellas negociaciones. En una entrevista publicada a comienzos de 1999 por la revista Envío explicó que Alemán había comenzado con 42 diputados liberales y el respaldo de otros legisladores, hasta que ocho integrantes abandonaron la bancada del PLC.
Esa ruptura, a criterio de Cuadra, aceleró el pacto entre Alemán y Ortega; aunque el PLC habría recuperado después cuatro de esos votos. También advertía sobre el interés electoral de Ortega.
Cuadra sostenía que el dirigente sandinista buscaba especialmente modificar las reglas de la segunda vuelta presidencial y que esa reforma podía cambiar sus posibilidades de regresar al poder.
En las elecciones de 1996, la Alianza Liberal obtuvo 42 escaños en la Asamblea; el FSLN 36, Camino Cristiano cuatro, el Partido Conservador tres y otras organizaciones sumaban ocho, totalizando 93 diputados. Las reformas parciales a la Constitución requerían el respaldo del 60 por ciento de los diputados, equivalente a 56 votos.
Una fuente que conoció las gestiones políticas de aquellos meses y que prefiere omitir su nombre por seguridad sostiene que Cuadra “estaba por encomienda del Partido Conservador convenciendo votos liberales para que no votaran por el pacto”.
Según esta persona, Cuadra comunicaba a su partido los avances en las conversaciones, pero mantenía en reserva las identidades de los diputados “para evitar que fueran cañoneados (sobornados)”.
Un diputado de aquella época, que coincidió con Cuadra en la Asamblea Nacional y pidió mantener su identidad en reserva, recuerda que durante aquellas negociaciones hubo gestiones para atraer votos de las dos bancadas mayoritarias.
Aunque reconoce que el PLC y el FSLN tenían una amplia mayoría, sostiene que existía margen para persuadir a algunos legisladores y asegura que esas gestiones consiguieron convencer «a un par».
Cuadra, agrega, tenía una posición que facilitaba esos contactos porque ocupaba la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional. «Él tenía chance cuando había temas que se tenían que abordar en la directiva y él tenía que hablar con la gente. Entonces ahí tenía chance de poder influir».
El término «cañonear» formaba parte del lenguaje político nicaragüense para referirse a la compra de voluntades con dinero. En 1998, cuando respaldó en nombre de la bancada del FSLN la candidatura de Cuadra a la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea, el diputado Omar Cabezas (q.e.p.d.) afirmó: «José Cuadra García no es cañoneable, José Cuadra García no es comprable».
En la Asamblea, Ortega tenía disidencia y también diputados liberales se oponían al pacto. “Ese día iban a sumarse otros más (contra el pacto) y por eso él iba de prisa… lo estaban esperando y pasó lo que vos ya sabés…», relata la fuente.
Una emboscada y las dudas sobre el móvil
Alrededor de las cinco de la mañana del 18 de agosto de 1999, Cuadra, Ruiz y Lazo salieron de la finca San Sebastián hacia la propiedad del diputado. La camioneta avanzaba por una pendiente, cerca de una quebrada en La Colonia Agrícola, donde hombres armados la emboscaron y dispararon desde ambos lados.
La misma fuente atribuye el atentado a aquellas gestiones políticas de Cuadra y asegura que “eso fue el motivo porque atentaron contra él”.
El diputado de la época recuerda que el crimen ocurrió en medio de una fuerte tensión alrededor de las negociaciones entre liberales y sandinistas. «Había una efervescencia por lo del pacto importante, importante en la Asamblea y en los medios políticos en ese momento».
También recuerda que desde aquellos días circuló dentro de la Asamblea la sospecha de que el asesinato podía guardar relación con esa disputa política.
Entre los elementos que alimentaban esa interpretación menciona las características del ataque y que los agresores no se llevaran la camioneta ni las pertenencias de las víctimas.
«No robó nada, absolutamente nada. No hubo ningún robo. No es que se robó la camioneta, no es que asaltó los cadáveres y se llevó lo que tenían los cadáveres o lo que había en la camioneta. Absolutamente nada. Simplemente los mató a los tres», señala el diputado de la época.
El 19 de agosto, la Policía presentó una explicación distinta y descartó públicamente el móvil político atribuyéndolo a una posible venganza, mientras confirmó que los atacantes dejaron las pertenencias de las víctimas en el lugar; la institución también anunció la captura de Modesto Pérez Blandón, exempleado de una propiedad de Cuadra.
Dirigentes conservadores expresaron otra lectura desde las primeras horas. Noel Vidaurre, entonces diputado y presidente del Partido Conservador, relacionó sus dudas con la forma en que habían atacado a Cuadra y declaró: «Se ensañaron con él y podría ser un móvil político».
La revista Envío describió semanas después a Cuadra como un firme opositor del pacto PLC-FSLN y señaló que los motivos del crimen permanecían insuficientemente esclarecidos. En esa misma edición recordó que el asesinato había ocurrido cuando los acuerdos recién comenzaban a convertirse en leyes y reformas que requerían votos en la Asamblea.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentó el caso desde otra perspectiva en su informe correspondiente a 1999. El organismo incluyó el triple asesinato dentro del apartado dedicado a las “bandas delincuenciales rurales” y atribuyó el ataque a una “banda de delincuentes”, junto con otros hechos violentos registrados ese año en el campo.
La investigación policial llevó a varios acusados ante el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Matagalpa. Modesto Pérez Blandón alegó durante el proceso que era menor de 18 años y presentó una fe de bautismo ante la ausencia de partida de nacimiento; Medicina Legal examinó su desarrollo óseo y el proceso contra él continuó en la jurisdicción penal de adultos.
En mayo de 2000, la jueza Maribel Mena Maldonado condenó a Modesto Pérez Blandón, Apolinar Pérez Blandón y Domingo Blandón Paiz a 30 años de prisión por el asesinato atroz de Cuadra, Ruiz y Lazo. La sentencia agregó otras penas por robo con intimidación, robo con fuerza y asociación e instigación para delinquir.
El mismo fallo impuso 15 años de prisión a Daniel Vargas López como cómplice del asesinato y cinco años a Juan Moisés Blandón López por hurto. Ramiro Altamirano Herrera, entonces de 17 años, recibió seis años en la jurisdicción penal adolescente, según el informe del CENIDH de aquel año.
Los tres condenados a 30 años fueron enviados al Sistema Penitenciario de Waswalí, en Matagalpa.
El pacto avanzó y los votos cambiaron
Mientras tanto, el PLC y el FSLN consumaron sus acuerdos.
El 29 de agosto de 1999, once días después del asesinato, la Asamblea Sandinista ratificó el pacto; 18 participantes rechazaron los acuerdos y entre ellos había cinco diputados, a quienes Ortega pidió disciplina cuando llegara el momento de votar las leyes y reformas en la Asamblea Nacional.
El 9 de diciembre de 1999, casi cuatro meses después de la emboscada, 71 diputados votaron a favor de las reformas constitucionales en la primera discusión en lo general y 17 las rechazaron; dos se abstuvieron y uno quedó registrado como presente, según los registros electrónicos de la Asamblea Nacional.
Cinco semanas después, el 18 de enero de 2000, el tablero registró 70 votos a favor, 12 en contra y cinco diputados presentes. La comparación de ambas votaciones muestra que varios legisladores cambiaron de posición durante el trámite parlamentario.
Adolfo Calero Portocarrero, Noel José Delgado Cuadra, Steadman Fagoth Müller, Carlos Alberto Fonseca Terán, Carlos Salomón García Bonilla y José Mercedes González Picado habían votado contra las reformas en diciembre de 1999 y luego las respaldaron en enero de 2000.
Eduardo Callejas Deshon, Sergio García Pinell y Carlos Guerra Gallardo hicieron el recorrido contrario: respaldaron la reforma en diciembre y votaron contra ella en enero. Ismael Tórrez Calero, quien ocupó el escaño de Cuadra, marcó el NO en las dos votaciones.
Una de las fuentes consultadas sostiene que Cuadra había trabajado precisamente sobre esos movimientos entre diputados, aunque el legislador mantuvo en reserva los nombres de quienes supuestamente habían comprometido su voto. Esa reserva impide establecer hoy cuántos eran y si alguno aparece entre quienes modificaron después su posición.
El diputado de la época considera que, incluso si la oposición no tenía entonces suficientes votos para derrotar el pacto, el asesinato podía funcionar como una advertencia para quienes intentaran desafiar los acuerdos de Alemán y Ortega.
«Yo creo que eso era como una especie de amenaza o de prevención. Bueno, es lo que puede pasar, o lo que le puede pasar a cualquiera que se oponga», afirma. Y añade otra hipótesis: «La otra posibilidad era callar voces disidentes dentro de la propia Asamblea».
Las reformas cambiaron las reglas políticas
La Asamblea aprobó definitivamente la Ley 330 el 18 de enero de 2000 y La Gaceta la publicó al día siguiente. La reforma modificó 19 normas constitucionales y cambió aspectos centrales del sistema político nicaragüense, según la propia documentación histórica de la Asamblea Nacional.
Entre esos cambios, la reforma redujo las exigencias para ganar la Presidencia en primera vuelta, amplió la Corte Suprema de Justicia, modificó la integración del Consejo Supremo Electoral y transformó la dirección de la Contraloría General de la República. Los acuerdos divulgados en agosto de 1999 también contemplaban nuevas reglas electorales orientadas a la estructura partidaria y al funcionamiento de los organismos electorales.
Seis años más tarde, Daniel Ortega obtuvo 38.05 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 2006, frente al 28.24 por ciento de Eduardo Montealegre, y ganó en primera vuelta bajo la fórmula electoral introducida por aquellas reformas.
Años después, en 2015, la defensa de Domingo Blandón promovió la extinción de su pena ante el Juzgado de Distrito Penal de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria de Jinotega. El juez José Alberto Martínez Guerra declaró extinguida la condena el 8 de abril de 2019 y el 4 de julio firmó la orden dirigida al Sistema Penitenciario de Waswalí para que lo pusiera en libertad.
Modesto y Apolinar Pérez Blandón llegaron a junio de 2021 con 21 años, diez meses y cuatro días de prisión efectiva. El 23 de junio, el mismo juez, Martínez Guerra, sumó el tiempo reconocido por trabajo penitenciario, declaró extinguidas las penas y ordenó librar las respectivas órdenes de libertad.
Han pasado un poco más de 27 años y una interrogante sigue abierta: si el diputado Cuadra hubiera continuado su trabajo de convencer a otros de oponerse al pacto, ¿habrían reunido Alemán y Ortega los 56 votos necesarios para aprobar las reformas?
* Reportaje colaborativo de Mosaico CSI y Artículo 66
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