Sin paradero ni contacto: la lista de personas en desaparición forzada por el régimen de Daniel Ortega
Un reciente informe de expertos de Naciones Unidas documentó 161 casos de desaparición forzada en Nicaragua desde 2018 y advirtió que esta práctica pasó de desapariciones breves a casos prolongados que pueden durar meses o incluso años. Al 31 de agosto de 2026, más de 30 personas continuaban desaparecidas.
La actualización más reciente del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, con corte al 24 de septiembre, confirma esta cifra y ademeás permite identificar a 23 de ellas, cuyas capturas se remontan hasta febrero de 2024.
El listado también registra en total 68 personas presas por motivos políticos: 53 hombres y 15 mujeres. La organización señala que en los casos de desaparición forzada «no es posible verificar de manera independiente su paradero, estado de salud o condiciones de detención».
Las capturas más recientes
Thelma Montenegro: 36 días desaparecida
Thelma del Rosario Montenegro Centeno, de 54 años, fue capturada el 19 de agosto de 2026 en Santa María de Pantasma, Jinotega. Al corte del Mecanismo llevaba 36 días privada de libertad y su situación judicial era desconocida.
Su caso fue incorporado en esta actualización. El Mecanismo la identifica como una opositora perteneciente a una familia que ha sufrido persecución y hechos de violencia atribuidos al régimen.
Tres mujeres detenidas el 14 de julio
El 14 de julio de 2026 fueron capturadas Aurora Marina Chavarría Cordero, de 56 años; María Dolores González Martínez, de 55; y Claudia Magaly Munguía Mayorga, de 54.
Las tres son originarias de distintos puntos del país y llevaban 72 días detenidas al momento del corte. En los tres casos, el estado judicial aparece como desconocido.
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Claudia Munguía después de considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia. La Comisión señaló que no existía información oficial suficiente sobre su situación.
El Mecanismo señala que el 4 y el 14 de julio ocurrieron dos jornadas de detenciones arbitrarias de alcance nacional y que continúa verificando casos relacionados con esos operativos.
Seis personas desaparecidas desde mayo
El 31 de mayo de 2026 fueron capturados seis familiares de Brooklyn Rivera, dirigente miskito y exdiputado de la Costa Caribe que murió bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los seis aparecen en el registro del Mecanismo como personas en condición de desaparición forzada:
- Jourbes Escobar López, 45 años, de Puerto Cabezas.
- Alda López Bryan, 64 años, de Puerto Cabezas.
- Glenis Criesa Pantin Coleman, 36 años, de Waspán.
- Florencia Sarmiento, 58 años, de Waspán.
- Korny Valle Bushey, 29 años, de Puerto Cabezas.
- Jorge Webster Rojas, 64 años, de Puerto Cabezas.
Todos llevaban 116 días detenidos al 24 de septiembre y en los seis casos el estado judicial era desconocido.
Los casos que se remontan a 2025
Kenthyn Aaron Téllez Madriz, de 44 años, fue detenido el 17 de octubre de 2025. Llevaba 342 días en prisión y su situación judicial seguía sin conocerse.
Su caso tomó relevancia esta semana porque la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor. La Comisión señaló que fue detenido por personas vestidas de civil y que, desde entonces, sus familiares y allegados no habían recibido información oficial sobre su paradero ni sus condiciones de reclusión. La CIDH también indicó que permanece en incomunicación total y prolongada.
Un mes antes, el 14 de agosto de 2025, fueron capturados Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 71 años; Alexander Enrique Espinoza Flores, de 30; Byron Miguel Espinoza Flores, de 32; y Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 69. Ninguno tiene información judicial verificable.
Larry Javier Martínez Romero, de 32 años, fue capturado un día antes, el 13 de agosto de 2025.
También figura en el listado Elvia Junieth Flores Castillo, de 38 años, capturada el 21 de marzo de 2025.
El caso de Elvia ha sido mencionado por organizaciones de derechos humanos debido a que también se desconoce el paradero de sus dos hijas menores. El Grupo de Expertos de la ONU incluyó a Flores y sus hijas entre los casos que continúan abiertos.
Los que llevan más de dos años desaparecidos
Entre los casos más prolongados está el del coronel retirado Víctor Boitano Coleman, de 64 años. Fue capturado el 23 de abril de 2024 y acumulaba 884 días en prisión al 24 de septiembre. Su situación judicial es desconocida.
La ONU también lo incluyó entre los casos de desaparición forzada que siguen abiertos.
Eddie Moisés González Valdivia, de 68 años, fue capturado el 14 de julio de 2024 y figura como condenado en el registro del Mecanismo.
Steadman Fagot Müller, de 71 años y exfuncionario, fue detenido el 14 de agosto de 2024.
Santos Ariel Rodríguez Lagos, de 46 años, fue capturado el 2 de junio de 2024. Su estatus aparece como condenado.
El caso más antiguo de la lista es el de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, de 48 años. Fue capturado el 16 de febrero de 2024 en El Castillo, Río San Juan. Al corte llevaba 951 días en prisión y figuraba como procesado.
La CIDH ya había otorgado medidas cautelares a Pérez Centeno después de señalar que sus familiares no contaban con información precisa sobre su lugar de detención, sus condiciones y su situación.
Ricardo José Mendoza Yrigoyen, de 64 años, fue capturado el 23 de enero de 2026 en Managua. Su caso fue mencionado también en el informe de los expertos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada.
Ocho casos en anonimato
El Mecanismo señala que ocho de las 31 personas identificadas en condición de desaparición forzada permanecen bajo anonimato. La cifra representa además casi la mitad del total de 68 personas presas por motivos políticos que registra actualmente la organización.
La organización señala que la incomunicación prolongada aumenta los riesgos para la vida y la integridad de los detenidos, en particular por la falta de acceso a atención médica, familiares, abogados y supervisión independiente.
Los expertos de la ONU han pedido al Estado de Nicaragua revelar el paradero de las personas que continúan desaparecidas, liberar a quienes permanecen detenidos por motivos políticos e investigar las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
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