CIDH pide a Costa Rica proteger a periodistas y activistas nicaragüenses ante riesgo de atentados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Costa Rica adoptar medidas de protección a favor de diez nicaragüenses exiliados, entre periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y familiares, tras concluir que enfrentan una situación de grave riesgo para sus vidas e integridad personal.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 73/2026, fechada el 20 de septiembre, después de que la Comisión analizara dos solicitudes de medidas cautelares presentadas en mayo y las respuestas posteriores del Estado costarricense.

Los beneficiarios son el periodista y director de Darío Medios, Aníbal Enrique Toruño Jirón, y dos integrantes de su familia; Hanssel Manuel Vásquez Ruiz; Tania Jeanneth López Rodríguez; el ambientalista Amaru Ruiz Alemán; el exdiputado Eliseo Fabio Núñez Morales y dos integrantes de su familia, además de una persona periodista cuya identidad permanece bajo reserva.

La CIDH concluyó que la información examinada demuestra, de manera preliminar, que existe una situación de gravedad, urgencia y posible daño irreparable, particularmente porque las amenazas contra los nicaragüenses fueron informadas por las propias autoridades de Costa Rica.

OIJ alertó sobre posibles atentados

Según la resolución de la CIDH, el propio Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comunicó en abril a varios de los nicaragüenses sobre la existencia de amenazas contra la vida de estas personas.

La CIDH documentó que entre el 22 y 23 de abril, el OIJ informó a los periodistas y activistas sobre posibles atentados y sobre una lista de 15 nicaragüenses exiliados en Costa Rica que serían considerados objetivos y «vulnerables a sicariato».

Aníbal Toruño, Hanssel Vásquez, Amaru Ruiz y Eliseo Núñez estarían entre las personas incluidas en esa lista. En el caso de Tania López y otra periodista de identidad reservada, aunque sus nombres no figurarían directamente en esa supuesta lista de «objetivos» del sicariato sandinista, el OIJ habría advertido que su vinculación con Darío Medios extendía el riesgo hacia ellas.

El documento también recoge que la Jefatura de Homicidios y Criminalística del OIJ citó con carácter urgente a integrantes de este medio digital y les informó que existían indicios sobre la planificación de posibles acciones para atentar contra sus vidas.

Según lo expuesto durante el procedimiento, el OIJ habría advertido además que existían «claros indicios que conocían bien sus rutinas» y que el riesgo podía guardar relación con los mismos motivos políticos analizados en la investigación por el asesinato del mayor retirado del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam, un acto de sicariato que se ejecutó el 19 de junio de 2025, en su propio apartamento en el cantón de Moravia, en San José.

Estado reconoció riesgo de posible acción homicida

La CIDH dio especial peso al hecho de que Costa Rica reconoció la existencia de las reuniones y de información procedente de una fuente considerada confiable.

En una evaluación efectuada por las autoridades costarricenses a una periodista incluida inicialmente en el procedimiento, se determinó la existencia de un «riesgo alto, específico, dirigido e inminente».

La información provenía de una fuente humana considerada fidedigna que identificaba a la persona evaluada como objetivo concreto de una posible acción homicida, detalla la CIDH.

Las autoridades costarricenses señalaron además que el patrón observado podía sugerir la participación de actores con capacidad logística, organización y experiencia en la ejecución de hechos violentos selectivos.

Amenazan a Toruño y le envían fotografías de su vehículo

A la alerta oficial se sumaron amenazas y episodios de vigilancia denunciados por los beneficiarios.

Aníbal Toruño recibió el 28 de mayo un mensaje de amenaza de muerte en su teléfono.

«Te tenemos localizado, sabemos donde estás», decía parte del mensaje que ahora se conoce por esta resolución del organismo interamericano.

La amenaza hacía referencia directa al asesinato de Roberto Samcam: «Vas a morir peor que el viejo Roberto».

El remitente también advirtió: «Te vamos a acribillar», recoge la CIDH.

Minutos después, Toruño recibió fotografías de su propio vehículo junto con los mensajes «Te tenemos controlado» y «No te nos escapas».

La parte solicitante entregó a la CIDH capturas de pantalla de las amenazas, según se desprende de la resolución.

El expediente también recoge que personas desconocidas que se desplazaban en motocicletas habrían realizado disparos al aire cerca del condominio donde reside Toruño.

Fotografían la casa de Hanssel Vásquez y lo persiguen

El periodista Hanssel Vásquez reportó ante la CIDH una cadena de incidentes ocurridos durante varios meses mientras se movilizaba en Costa Rica.

El 15 de febrero, mientras se encontraba en un establecimiento de comida rápida en las cercanías de Guadalupe, a 10 minutos del centro de la capital costarricense, un desconocido con acento nicaragüense se aproximó, lo llamó por su nombre y apellidos y le hizo preguntas relacionadas con su condición de refugiado.

En marzo, vecinos le advirtieron que personas en motocicletas habían tomado fotografías de su vivienda durante la madrugada.

Días después, dos hombres volvieron a colocarse frente a su casa y fotografiaron tanto la residencia como su vehículo. Al notar que Vásquez también los estaba grabando y fotografiando, huyeron.

El periodista también denunció que recibió llamadas durante la madrugada de una persona con acento nicaragüense que lo llamó por su nombre en tono intimidatorio.

El 29 de abril, Vásquez fue perseguido por una motocicleta mientras conducía junto con otra periodista y la hija de esta. Logró perder al motociclista al llegar a una gasolinera donde se encontraba una patrulla policial.

El 30 de mayo volvió a ser perseguido por una motocicleta. Esta vez consiguió escapar después de que el conductor que lo seguía impactara contra otro vehículo.

Los hechos y la advertencia emitida por el OIJ llevaron a Vásquez a desplazarse de su residencia. Cuando regresó posteriormente, vecinos le informaron que desconocidos habían continuado vigilando la casa durante varias madrugadas.

Tania López: motociclistas toman fotografías frente a su vivienda

La periodista Tania López también denunció vigilancia en Costa Rica. En al menos tres ocasiones, desconocidos que se desplazaban en motocicletas tomaron fotografías frente a su vivienda.

López afirmó que pudo identificar a las mismas personas en los distintos episodios.

En otra ocasión, mientras se encontraba en un establecimiento cerca de su casa, una persona desconocida se acercó y le preguntó por su trabajo y por su relación con Aníbal Toruño.

El desconocido la amenazó diciéndole que «no había aprendido la lección en Nicaragua».

Otra periodista, que la misma CIDH maneja como bajo «identidad reservada», denunció que fue seguida durante ocho cuadras en San Sebastián, San José.

Días después, cuando descendía de un transporte público, una persona pasó junto a ella y le habría murmurado: «sabemos bien donde estás trabajando».

Amaru Ruiz recibió amenaza después de alerta del OIJ

El ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, fue citado el 22 de abril por un investigador de la Sección de Homicidios del OIJ, documentó la CIDH.

Durante esa reunión se le informó de una lista de 15 nicaragüenses exiliados en Costa Rica que serían considerados objetivos y «vulnerables a sicariato».

Ruiz estaba incluido en esa lista, por lo que se le recomendó adoptar medidas para resguardarse y se le ofreció ingresar al Programa de Protección a Víctimas.

Días después, el 30 de abril, recibió a través de Messenger un mensaje amenazante enviado a la cuenta vinculada a Fundación del Río.

La comunicación comenzaba con un insulto y contenía posteriormente una imagen con la frase: «La suerte es como la muerte, llega en cualquier momento».

Entre los antecedentes del caso de Ruiz también figura el robo de dos computadoras ocurrido en abril de 2025, días antes de que presentara un estudio relacionado con invasiones de tierras en la zona fronteriza del río San Juan.

Ruiz planteó ante las autoridades que sospechaba de una posible motivación política. Costa Rica sostuvo posteriormente que el caso fue investigado como delincuencia común y archivado al no poderse individualizar a los responsables.

Eliseo Núñez fue advertido sobre «grupo de sicarios»

El exdiputado liberal y actual integrante de la plataforma Monteverde Eliseo Núñez recibió el 23 de abril una llamada de un funcionario del OIJ.

Durante esa comunicación, dice la CIDH, fue informado de que «una fuente considerada altamente confiable» había alertado sobre un «grupo de sicarios con recursos» para ejecutar acciones contra una lista de opositores nicaragüenses en Costa Rica.

El funcionario le indicó que su nombre aparecía en esa lista. A partir de entonces, Núñez adoptó medidas adicionales de seguridad y redujo su movilidad.

La resolución también recoge otros antecedentes de riesgo denunciados por el exparlamentario. En 2021 fue perseguido cerca de su vivienda en Escazú por un desconocido que descendió de una camioneta y lo siguió a pie.

En 2024, un hombre lo siguió y grabó mientras se encontraba con su familia en el centro comercial Multiplaza Escazú.

Meses después recibió desde Nicaragua una advertencia para que tomara precauciones en Costa Rica porque supuestamente había sido declarado «blanco militar».

CIDH ve indicios sobre un plan para asesinar

Al valorar de manera conjunta las alertas del OIJ, las amenazas, los seguimientos y los demás incidentes denunciados, la CIDH concluyó que existe continuidad y seriedad en los hechos.

La Comisión consideró que los elementos analizados refuerzan la información procedente de fuentes estatales con «indicios concretos sobre la existencia de un plan para asesinar» a las personas beneficiarias.

Asesinato de Samcam pesa en análisis de riesgo

La Comisión tomó como antecedente especialmente relevante el asesinato de Roberto Samcam. El exmilitar había denunciado previamente amenazas y hostigamientos similares.

El Estado costarricense informó durante el procedimiento que una de las líneas investigativas contempla la posibilidad de que el asesinato esté vinculado con actos de represión transnacional, hostigamiento y amenazas de sicariato.

La CIDH consideró que ese crimen constituye un ejemplo de materialización de un riesgo semejante al denunciado ahora por estos 10 beneficiarios.

CIDH pide protección que no obligue al silencio

La Comisión Interamericana consideró que en casos de periodistas a los que el Estado costarricense ofrezca protección, las medidas deben tomar en cuenta las características de su trabajo y permitirles, en lo posible, continuar ejerciendo su actividad.

Lo mismo planteó respecto de defensores de derechos humanos y otras personas cuyo trabajo público constituye precisamente una de las causas del riesgo.

Costa Rica deberá informar sobre las medidas adoptadas

La CIDH solicitó a Costa Rica realizar una evaluación integral e individualizada del riesgo de cada beneficiario y tomar en cuenta sus circunstancias, las causas que originan las amenazas y las labores que desarrollan.

Las medidas deberán ser eficaces, idóneas y concertadas con las personas protegidas. La Comisión pidió además a las autoridades ticas que en un plazo de 15 días presente un reporte sobre las medidas a tomar para proteger a estas personas e informe sobre las acciones que permitan que los beneficiarios continúen desempeñando sus labores «en condiciones de seguridad en el país».