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Junta de transición y asamblea constituyente: las claves del plan opositor para una salida de Ortega

El plan «Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia» propone una transición de 24 meses, una Asamblea Constituyente y elecciones generales para sustituir al actual sistema de poder
Por Artículo 66 agosto 18, 2026

La oposición nicaragüense presentó una propuesta conjunta para impulsar una transición democrática y poner fin al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El documento, titulado «Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia», fue elaborado después de un proceso de dos meses y medio en el que distintos sectores unificaron varias iniciativas planteadas por separado. 

La propuesta establece una ruta para desmontar las estructuras autoritarias, restablecer derechos y libertades y reconstruir la institucionalidad democrática. También plantea la creación de una Junta o equipo técnico de Transición Nacional, una Asamblea Nacional Constituyente y la celebración de elecciones generales libres.

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La divulgación de esta hoja de ruta provocó una nueva arremetida de Rosario Murillo contra la oposición. Aunque no mencionó directamente el documento, la codictadora cuestionó que sus promotores puedan atribuirse la representación de los nicaragüenses. 

«¿Y cómo pueden decir que representan al pueblo nicaragüense quienes nunca trabajaron por el bien del pueblo nicaragüense? Y ahora vienen diciendo que ellos representan el bienestar de Nicaragua y ¿quiénes son ellos, si ni nicaragüenses son?», afirmó este 18 de agosto.

Aquí presentamos 12  claves de la propuesta:

1. Una transición pacífica y ordenada

La propuesta plantea una transición «ordenada, pacífica y sin violencia», cuyo objetivo es desmontar las estructuras autoritarias y restablecer la democracia en Nicaragua.

El proceso busca garantizar estabilidad política y social, continuidad económica, seguridad jurídica, respeto a los derechos fundamentales y el sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil.

2. Liberación de presos políticos y restitución de derechos

El plan contempla el pleno respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y las libertades ciudadanas.

Entre las medidas específicas incluye la liberación de los presos políticos y la restitución de los derechos políticos, civiles y patrimoniales de las personas afectadas por la dictadura, incluidos los nicaragüenses desnacionalizados.

También plantea el retorno seguro de los exiliados, la restitución de medios de comunicación confiscados o cerrados y el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación y reunión.

3. Una Junta o equipo técnico de Transición Nacional

La propuesta establece una Junta o equipo técnico de Transición Nacional con facultades ejecutivas y legislativas limitadas y temporales.

Estaría integrada por un máximo de siete personas consideradas probas y con vocación de servicio. El documento contempla representantes de la oposición democrática, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio, además de personas provenientes de distintos sectores de la sociedad civil.

También establece condiciones para la participación de personas que hayan tenido vínculos o desempeñado funciones dentro del antiguo régimen.

4. Reorganización de las instituciones del Estado

Entre las primeras tareas de la Junta o equipo de transición estaría la reorganización temporal de instituciones consideradas claves para el proceso.

El documento menciona al Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Policía, el Ejército y las municipalidades. También plantea la reorganización de los altos mandos del Ejército y la Policía y la adopción de reformas legales para crear las condiciones de la transición.

La propuesta incluye medidas para garantizar la estabilidad macroeconómica, la continuidad de las actividades productivas y el funcionamiento del Estado.

5. Más de 24 reformas legales

La hoja de ruta contempla más de 24 leyes para desmontar normas represivas y restablecer el Estado de derecho.

Entre las medidas propuestas están reformas al Poder Judicial y al sistema electoral, la restitución de derechos políticos y de propiedad, la recuperación de activos y bienes públicos, la protección de víctimas y la prevención de la tortura y las desapariciones forzadas.

También incluye la preservación de archivos de la represión, el desmantelamiento de estructuras de inteligencia represiva, garantías para el retorno de exiliados y la revocación de concesiones territoriales corruptas otorgadas a socios chinos del régimen.

6. Un nuevo marco jurídico durante la transición

El documento propone que la Junta o equipo de transición asuma temporalmente las funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, con facultades ejecutivas y legislativas limitadas.

La propuesta contempla la derogación de la Constitución vigente y la creación de un Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses mientras una Asamblea Nacional Constituyente elabora una nueva Constitución.

7. Una Asamblea Nacional Constituyente

La Asamblea Constituyente sería elegida mediante voto popular a los 180 días de iniciada la transición.

Estaría integrada por 60 miembros y tendría como función principal elaborar una nueva Constitución basada en la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

El documento establece que la Asamblea deberá realizar consultas ciudadanas, sectoriales y técnicas antes de aprobar el nuevo texto constitucional.

Daniel Ortega saludando junto a su esposa y codictadora, Rosario Murillo, durante un acto para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua | Foto: AFP.

8. Referéndum para aprobar la nueva Constitución

La propuesta establece un plazo máximo de nueve meses para que la Asamblea Constituyente elabore y apruebe la nueva Constitución.

Una vez aprobada por los constituyentes, el texto deberá ser sometido a un referéndum nacional dentro de los 45 días siguientes.

9. Reconstrucción del sistema electoral

El plan plantea reconstruir el sistema electoral antes de las elecciones generales.

Entre las medidas incluye rehabilitar personerías jurídicas canceladas de forma arbitraria, registrar nuevas organizaciones políticas, actualizar y depurar el padrón electoral, entregar cédulas de identidad a ciudadanos a quienes el régimen se las ha negado e inscribir candidatos.

Las elecciones deberán realizarse bajo la nueva Constitución, con participación de los sectores políticos en igualdad de condiciones y observación electoral internacional.

10. Una transición de 24 meses

La Junta o equipo de Transición Nacional tendría una duración máxima de 24 meses y no podría ser prorrogada.

Durante ese período deberán completarse las reformas institucionales, el proceso constituyente, el referéndum constitucional y la organización de las elecciones generales.

La propuesta establece que las elecciones se realizarían en el mes 22 y que la transferencia del poder ocurriría en el mes 24.

11. Quiénes pueden competir en las primeras elecciones

Los miembros de la Junta o equipo de transición deberán renunciar, desde su incorporación, a la posibilidad de postularse a cargos de elección popular en las elecciones inmediatas.

La misma restricción se aplicaría a los integrantes de la Asamblea Constituyente. El documento establece que tampoco podrán ser candidatos en las primeras elecciones libres organizadas bajo la nueva Constitución y la nueva Ley Electoral.

12. Garantía de justicia

La propuesta plantea una reforma del sistema de justicia, con una reestructuración temporal del Poder Judicial y el nombramiento de nuevas autoridades judiciales independientes.

También contempla una Comisión de la Verdad, la preservación y desclasificación de los archivos de la represión, medidas para prevenir la tortura y las desapariciones forzadas y mecanismos para investigar violaciones de derechos humanos.

El documento propone además una Ley contra la Impunidad y Amnistías y mecanismos para recuperar activos de origen ilícito. Al mismo tiempo, establece que los empleados públicos que no hayan sido acusados de delitos conservarán sus derechos laborales y no serán perseguidos por razones políticas.

ARTÍCULO 66 es un medio de comunicación nicaragüense que trabaja desde el exilio debido a la persecución del Estado contra la prensa independiente. Algunas de nuestras informaciones no revelan la identidad de nuestras fuentes ni están firmadas por nuestros periodistas por razones de seguridad.

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