Régimen autoriza otra donación de inmueble estatal al INSS en Granada

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la donación de un inmueble estatal ubicado en el departamento de Granada al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según el Acuerdo Presidencial 112-2026, publicado este miércoles 5 de agosto en La Gaceta, Diario Oficial.

La disposición faculta a la Procuradora General de Justicia y al presidente del INSS para suscribir la escritura pública de donación ante la Notaría del Estado.

El inmueble pertenece al Estado de Nicaragua y está inscrito en el Registro Público de la Propiedad del departamento de Granada, bajo el NAP BI-2L2ZW2A8

El acuerdo señala que la transferencia busca «fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses, creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de Proyectos».

Ese es el argumento que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado de forma reiterada para justificar el traspaso de inmuebles al INSS, operaciones realizadas con escasa información pública sobre el origen de los bienes y el destino específico que tendrán.

El documento también autoriza al presidente del INSS a presentar la aceptación de la donación ante el Consejo Directivo de la institución para su aprobación.

Además, la Procuraduría General de Justicia quedó facultada para incorporar las cláusulas que considere necesarias en el contrato de donación «con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de Nicaragua», así como para realizar todos los actos jurídicos, administrativos, notariales y registrales requeridos para concretar el traspaso.

Continúan los traspasos de propiedades al INSS

La nueva donación se suma a una serie de transferencias de bienes que el régimen ha realizado a favor del INSS desde 2024. En ese año, Ortega ordenó entregar más de un centenar de propiedades a la institución, incluido un primer bloque de 72 inmuebles y otros traspasos autorizados durante 2025 y los primeros meses de 2026.

Estas operaciones ocurren después de las confiscaciones ejecutadas por el régimen desde 2018 y que se intensificaron tras las desnacionalizaciones de 2023. Centenares de personas, en su mayoría opositores y ciudadanos obligados al exilio, han sido despojadas de sus propiedades.

Aunque el acuerdo publicado en La Gaceta no precisa el origen del inmueble donado al INSS, organizaciones de derechos humanos y medios independientes han documentado que parte de las propiedades transferidas por el Estado a distintas instituciones públicas corresponden a bienes confiscados.