«La reforma busca eliminar toda alternativa política al FSLN, incluso desde el exilio», alerta opositor

La propuesta de reforma constitucional en Nicaragua, que amplía el mandato presidencial a siete años y refuerza el control electoral, busca cerrar definitivamente la puerta a la alternancia política e inhabilitar a la oposición, incluso la que se encuentra en el exilio, advirtió Enrique Martínez, dirigente del partido Avanza.

Según Martínez, la iniciativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no pretende únicamente modificar las reglas del juego, sino institucionalizar un monopolio del poder que destruya la competencia democrática.

«Hoy pretenden convertir esa exclusión en un principio permanente del sistema político electoral nicaragüense. Están intentando que la ausencia de la democracia deje de ser una anomalía y se convierta en la norma», afirmó.

La iniciativa, presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, también amplía las causales para excluir de los procesos políticos a quienes sean considerados «traidores a la patria», lo que afecta de forma directa a los opositores desnacionalizados.

Reforma busca evitar nuevos liderazgos

Mientras el oficialismo justifica la medida bajo la premisa de garantizar «estabilidad» y «la paz» del país, la oposición advierte que el trasfondo es blindarse frente a nuevos liderazgos.

«La dictadura ya había eliminado partidos e impedido la participación de candidatos incómodos. Lo que cambia ahora es que buscan darle cobertura jurídica permanente. No buscan administrar elecciones; buscan administrar quién tiene derecho a existir políticamente», cuestionó el dirigente de Avanza.

Enfatizó que el nuevo marco constitucional que la dictadura pretende aprobar en septiembre bloquea cualquier posibilidad de que las plataformas organizadas en el exilio compitan en un eventual proceso electoral.

El dirigente opositor consideró que la propuesta también responde al temor del oficialismo ante la aparición de nuevos movimientos políticos que puedan desafiar su control. Mencionó como ejemplo a organizaciones emergentes como Ruta del Cambio, que han intentado construir espacios de participación política fuera del control del FSLN.

«Están intentando impedir que surjan nuevos liderazgos, nuevas organizaciones, nuevas fuerzas políticas capaces de desafiar el dominio propiciado por Daniel Ortega y Rosario Murillo», reiteró.

Ya no buscan guardar apariencias

Para Martínez, el fortalecimiento de las facultades del Consejo Supremo Electoral (CSE) para decidir quién puede participar o quién no en una eventual elección borra de fondo la función del voto ciudadano.

«No existe democracia sin alternancia y sin pluralidad. Cuando el árbitro electoral puede decidir discrecionalmente quién participa, el voto se convierte únicamente en una formalidad o sencillamente desaparece. Puede continuar realizándose una democracia de utilería, una pantomima electoral donde los resultadosestán definidos antes de que empiece la competencia», alertó.

El dirigente aseguró que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no pretende guardar apariencias frente a la comunidad internacional.

«La dictadura ya no considera necesario ocultar sus verdaderas intenciones. Durante años intentó sostener la narrativa de que en Nicaragua existían elecciones, instituciones independientes y democracia. Ahora admite que la competencia política no forma parte de su proyecto», señaló.

Esta institucionalización del poder vitalicio empuja a Nicaragua hacia un modelo autoritario similar al de Corea del Norte, advirtió el dirigente.

«Por eso no se trata únicamente de una reforma electoral; se trata del derecho fundamental de los nicaragüenses a decidir quién los gobierna y hacia dónde avanzar como país, con los liderazgos que la gente considere oportunos y que ahora ya no se podrán elegir», concluyó Martínez.