Estados Unidos lanza campaña para «desmantelar» a la Corte Penal Internacional

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes 13 de julio una amplia campaña internacional para «desmantelar» lo que considera una amenaza de la Corte Penal Internacional (CPI) contra su soberanía, que incluirá presiones diplomáticas sobre otros países para que abandonen el tribunal, revocaciones de visas, prohibiciones de viaje y un aumento de las sanciones contra la institución y organizaciones afiliadas.

La ofensiva, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, contempla una «respuesta integral del gobierno» estadounidense destinada a neutralizar sistemáticamente la capacidad de la CPI para operar y evitar que pueda investigar o procesar a militares y funcionarios de Estados Unidos.

Washington también pretende presionar a países aliados y receptores de asistencia estadounidense para que rechacen expresamente la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos de Estados Unidos.

«Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que la CPI representa para los estadounidenses», advirtió el Departamento de Estado.

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La campaña representa una nueva y profunda escalada en el enfrentamiento de Washington contra el tribunal internacional con sede en La Haya, creado por el Estatuto de Roma para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión cuando se cumplen las condiciones establecidas en su tratado fundacional.

Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos.

Washington quiere que otros países abandonen la CPI

El plan presentado por el Departamento de Estado contempla una amplia ofensiva diplomática encabezada por Rubio, el subsecretario de Estado, embajadores y otros altos funcionarios estadounidenses.

Estos funcionarios realizarán gestiones ante gobiernos extranjeros para denunciar lo que Washington califica como «abusos de la CPI» y advertir de los supuestos riesgos que el tribunal representa para Estados Unidos y otras naciones.

El objetivo declarado es instar a países extranjeros a retirarse de la Corte Penal Internacional.

La Administración estadounidense también ejercerá presión sobre aquellos Estados que colaboran con sus fuerzas militares y organismos de seguridad o que se benefician del denominado «paraguas de seguridad» de Estados Unidos, para que rechacen la autoridad de la CPI para procesar a funcionarios y militares estadounidenses.

Además, Washington anunció un «mayor escrutinio» sobre los países que se nieguen a rechazar la jurisdicción de la Corte mientras continúan dependiendo de la asistencia estadounidense.

El Departamento de Estado también pretende movilizar a otros países que, al igual que Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de Roma, para que utilicen sus propias redes diplomáticas y adopten medidas similares contra la CPI.

Revocación de visas y nuevas sanciones

La campaña contempla asimismo medidas directamente dirigidas contra funcionarios y personal de la Corte Penal Internacional.

Entre las acciones bajo consideración se encuentran la revocación de visas y la prohibición de ingreso a territorio norteamericano para personal de la CPI, así como un incremento de las sanciones contra el propio tribunal y las organizaciones afiliadas.

El Departamento de Estado sostiene que todas estas medidas tienen como propósito garantizar que la Corte sea «incapaz de amenazar la soberanía de Estados Unidos o de atacar a ciudadanos estadounidenses».

Washington acusa al tribunal de arrogarse la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses por actuaciones realizadas en defensa de los intereses nacionales del país.

«Los estadounidenses nunca se comprometieron a esto, y todos los presidentes estadounidenses desde la ratificación de la CPI han sostenido que esta no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses», señaló el Departamento de Estado.

La Administración estadounidense también recordó que la CPI abrió anteriormente una investigación que alcanzaba posibles actuaciones de militares y agentes de inteligencia estadounidenses y acusó al tribunal de negarse a cerrar esos casos.

Rubio acusa a la CPI de librar «una guerra» contra Estados Unidos

En un mensaje en video divulgado junto al anuncio de la campaña, Rubio endureció considerablemente el discurso contra el tribunal y acusó directamente a la CPI y a sus aliados de estar librando una guerra contra Estados Unidos mediante instrumentos jurídicos internacionales.

«Mientras hablamos, la CPI y sus amigos están librando una guerra contra nuestro país. No con balas ni misiles, sino con estatutos, tratados y la fuerza del llamado derecho internacional», declaró el secretario de Estado.

Rubio presentó la ofensiva contra la Corte como una defensa de los principios fundamentales sobre los que, según afirmó, se ha construido Estados Unidos durante sus 250 años de historia.

«Durante 250 años, los estadounidenses nos hemos gobernado como un pueblo libre y soberano. Elegimos a nuestros propios líderes, determinamos nuestras propias leyes y, cuando somos acusados de un delito, somos juzgados ante un jurado de nuestros propios pares», sostuvo.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que esa capacidad de autogobierno constituye una característica «esencial e indispensable» del sistema político de Estados Unidos y la base de su forma de vida.

Sin embargo, advirtió que existen personas poderosas en lugares lejanos que pretenden arrebatarles esa soberanía a los estadounidenses.

«Creen que deberían estar a cargo de sus leyes, de su país, de su vida. Y no les importa si ustedes están de acuerdo o no», afirmó.

«Burócratas globalistas no electos»

Rubio también cuestionó frontalmente la legitimidad de los jueces, fiscales y demás autoridades de la Corte Penal Internacional, a quienes describió como burócratas no elegidos democráticamente.

Según el secretario de Estado, cuando la CPI nació hace 24 años fue presentada como un tribunal de última instancia que actuaría únicamente ante los delitos más graves, como genocidio y crímenes de guerra, y solo cuando los tribunales nacionales no pudieran procesarlos.

Rubio sostuvo que la realidad ha sido diferente.

«La verdad es algo mucho más radical y extremo. Es un tribunal global integrado por burócratas globalistas no electos que afirman que su poder es casi ilimitado», acusó.

El secretario de Estado aseguró que el peligro representado por la Corte ha continuado creciendo y que actualmente amenaza, a juicio de la Administración Trump, todos los aspectos del sistema político y jurídico estadounidense.

Rubio mencionó expresamente a agentes de la Patrulla Fronteriza, marines y fiscales estadounidenses como ejemplos de funcionarios que, según argumentó, podrían quedar expuestos a la actuación de jueces extranjeros.

«Si permanecemos de brazos cruzados, todos ellos quedarían a merced de jueces extranjeros, a miles de kilómetros de distancia, enfrentando el riesgo constante de ser procesados e incluso encarcelados por el supuesto delito de defender a su propio país», afirmó.

«Nunca permitiremos que burócratas extranjeros nos arrebaten nuestra independencia»

Rubio recurrió incluso a la Declaración de Independencia de Estados Unidos para justificar el rechazo de Washington a la jurisdicción de la CPI.

«Lean las palabras de nuestra Declaración de Independencia. Luchamos una revolución contra una potencia extranjera que nos transportaba más allá de los mares para ser juzgados por supuestos delitos», declaró.

El secretario de Estado afirmó que la independencia constituye un «derecho de nacimiento» de los estadounidenses y prometió que su Gobierno no permitirá que funcionarios extranjeros se la arrebaten.

«La independencia es nuestro derecho de nacimiento. Nunca permitiremos que burócratas extranjeros nos la arrebaten», aseguró.

Rubio concluyó su mensaje con una fuerte advertencia dirigida contra la CPI y sus aliados.

«Esta Administración no se quedará de brazos cruzados mientras la CPI y sus aliados intentan amenazar a nuestro pueblo. Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos el verdadero significado de la determinación estadounidense», sentenció.

La CPI, señalada como «brazo ejecutor supranacional»

En su comunicado oficial, el Departamento de Estado fue igualmente contundente y acusó a la Corte de pretender colocarse por encima de los Estados nacionales.

«La CPI ahora busca convertirse en un árbitro global sin rendición de cuentas, posicionándose por encima del Estado nación como un brazo ejecutor supranacional de una burocracia globalista con poder para perseguir a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo», afirmó la dependencia estadounidense.

Con esta nueva campaña, la Administración Trump pretende ir más allá de la aplicación de sanciones individuales y desarrollar una estrategia internacional destinada a debilitar la capacidad operativa, financiera y diplomática de la Corte Penal Internacional.