Régimen de Ortega solicita aprobar tratados de extradición y traslado de reos con Rusia

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo remitió a la Asamblea Nacional dos iniciativas de decreto para aprobar el Tratado de Extradición y el Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas entre Nicaragua y la Federación de Rusia, más de un año después de que ambos instrumentos fueron suscritos.

Ambas propuestas legales se dirigen a la directiva del Congreso de mayoría oficialista para que se les conceda el «trámite de formación de ley».

Las cartas oficiales, firmadas por Ortega y Murillo en su calidad de «co-presidentes» fueron firmadas en la primera semana de julio de 2026.

Acuerdos firmados en 2025

La decisión del Ejecutivo llega más de un año después de que la propia dictadura nicaragüense otorgara plenos poderes a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y asesor de inversiones, para negociar y firmar estos convenios con Moscú.

El tratado de extradición crea un mecanismo para que Nicaragua y Rusia puedan entregarse mutuamente personas requeridas por la justicia para ser procesadas o cumplir condenas, conforme a las condiciones que establezca el acuerdo.

Por su parte, el tratado sobre traslado de personas condenadas permite que ciudadanos nicaragüenses sentenciados en Rusia puedan cumplir el resto de su pena en Nicaragua, mientras que ciudadanos rusos condenados en territorio nicaragüense puedan ser trasladados a su país para terminar de cumplir sus sentencias.

¿Mecanismos de impunidad?

En diciembre de 2025, el presidente ruso, Vladimir Putin, autorizó al Ministerio de Justicia de ese país a avanzar en la firma de los acuerdos.

Aunque los textos presentan las medidas bajo el argumento de una «solución humanitaria», expertos y defensores de derechos humanos adviertieron en ese momento que la formalización de estos lazos jurídicos representa un blindaje legal con el que el régimen de Managua busca proteger a sus aliados y socios rusos de eventuales procesos judiciales internacionales.

Asimismo, la oposición nicaragüense alertó que este intercambio de reos podría traducirse en mecanismos de impunidad directa si los condenados forman parte de la red represiva y de cooperación militar o de inteligencia que opera entre ambas naciones.