Ante los terremotos, la represión y otros desastres: Cuidados colectivos

El trágico doblete sísmico en Venezuela el 24 de junio de 2026, indudablemente es un serio recordatorio de los riesgos inminentes que enfrentamos como nicaragüenses.

Es probable, que como país, estamos más acostumbrados que los venezolanos a enfrentar diferentes tipos de desastres, desde terremotos, como los de Managua en 1931 y 1972, o los de Masaya y la Laguna de Apoyo a inicios de julio 2000, o a huracanes, como el Mitch en 1998, o el Eta y el Iota en el 2020, mientras vivíamos la pandemia del COVID-19, que aunque la dictadura trato de negar lo que pasaba, los testimonios de familiares, los funerales nocturnos y el impacto al personal y a las unidades de salud no pudieron esconder la cruda realidad.

A pesar de nuestra “experiencia”, difícilmente podemos decir que estamos mejor preparados como sociedad para las amenazas que representan los desastres naturales y los embates y efectos recurrentes del cambio climático en el territorio nicaragüense.

Como en el contexto venezolano, las últimas dos décadas han significado para Nicaragua, un perverso retroceso en la institucionalidad democrática y en la efectiva participación ciudadana. Los programas sociales y los servicios públicos han sido politizados consistentemente, y los poderes del Estado y las instituciones han sido usados progresivamente para controlar y reprimir a la población, especialmente después de la rebelión de abril.

En las noticias sobre los terremotos de Caracas y La Guaria, hemos escuchado por parte de las Naciones Unidas, agencias humanitarias y los equipos de rescate internacionales que las primeras 72 horas son claves para salvar vidas. Sin embargo, los testimonios de las personas afectadas y sobrevivientes dejan claro que la ayuda del régimen no llegó. No llegó en las primeras 24 horas, ni en las 48 horas, ni en las 72 horas.

Dos semanas después, muchas familias en La Guaria, la zona más afectada por los terremotos, siguen esperando la ayuda porque ya han agotado sus posibilidades, aunque sea para sacar los cuerpos de sus seres queridos de los escombros o para recuperarlos antes de que sean enterrados sin ser identificados. Mientras tanto, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional acosan a periodistas internacionales y desaparecen a ciudadanos que han denunciado la negligencia de la dictadura.  

Así como en Venezuela, en Nicaragua el régimen demostró que no le importaba responder efectivamente a las emergencias ni reconstruir las municipalidades afectadas después del paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020 en el Caribe, en el Triángulo Minero y en el norte del país. Fue gracias a las organizaciones humanitarias que todavía tenían presencia en el país que las comunidades afectadas pudieron solventar algunas necesidades básicas. Por su parte, la dictadura politizó lo poco que llegó a las comunidades afectadas, a pesar de que recibieron millones de dólares en ayuda internacional.

Como nicaragüenses, sabemos que la ausencia de un Estado legítimo, la falta de confianza en el ejército y en la policía, la carencia de información sobre planes de preparación y respuesta a desastres y emergencias, la corrupción autorizada y no autorizada, los ataques contra periodistas y medios independientes, la eliminación y expropiación de más de 5000 organizaciones de sociedad civil, incluyendo a la Cruz Roja Nicaragüense, la expulsión de agencias internacionales, los ataques a las iglesias, el exilio y migración de profesionales y especialistas, la falta de respuesta y la politización del sector salud y la creciente crisis económica del país, nos hace cada más vulnerables.

Las estrategias del régimen han debilitado la confianza y la cohesión social en Nicaragua. No obstante, la crisis en Venezuela y la misma historia de nuestro país nos han enseñado que son las redes de apoyo y de cuidados dentro y fuera del territorio las que nos permiten ser resilientes. La diáspora, la oposición organizada y los medios en el exilio pueden jugar un papel importante creando redes internacionales que vayan más allá del cambio político o la denuncia internacional, pero que también puedan servir para responder a las potenciales emergencias. 

Desde nuestras familias también podemos hacer mucho, creando nuestros propios planes de seguridad y de emergencias. Como, por ejemplo, tener rutas de evacuación en el caso de terremotos o incendios, identificar puntos de encuentro en áreas seguras en nuestras comunidades, y crear copias digitales de documentos importantes. De igual forma, podemos promover estrategias similares con nuestros vecinos, centros de trabajo y amistades.  

A nivel personal, debemos cuidar nuestra salud física y mental, conectarnos con otras personas y con la naturaleza, aprovechar recursos disponibles en las redes sociales o en internet que nos enseñen estrategias para meditar, reflexionar, sanar y aprender. Los traumas, reconocidos o no, de la crisis sociopolítica, la pandemia del COVID-19 y otras tragedias que hemos vivido como pueblo requieren que contemos con herramientas psicológicas y sociales que nos permitan contrarrestar los efectos de vivir bajo una dictadura criminal, mientras nos preparamos para potenciales riesgos y trabajamos en nuestra resiliencia.

Como aprendimos de doña Francisca Ramírez, lideresa campesina y defensora de Derechos Humanos, “solo el pueblo salva al pueblo”, y por eso, a pesar de vivir bajo violencia y represión estatal, y no poder incidir directamente en los planes de preparación y respuesta, debemos crear y promover sistemas de solidaridad y cuidados colectivos.