Expertos de la ONU acusan al régimen de Nicaragua de usar la violencia de género como instrumento de control
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) denunció este jueves, 18 de junio, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo usa la violencia de género como un instrumento de control y humillación de la sociedad nicaragüense.
Los abogados presentaron su informe Nicaragua: La Represión en Clave de Género, en el que alertan cómo cientos de mujeres nicaragüenses han sido silenciadas.
Aborda que no solo se trata de mujeres sino también de niños, adolescentes, colectivos LGBTIQ+ y organizaciones que representan a estos grupos.
La experta uruguaya, Ariela Peralta, recordó que la dictadura canceló 300 organizaciones feministas y de derechos de la población LGBTQ+, «espacios fundamentales de protección y denuncia».
El documento destaca que estas cancelaciones han «afectado de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, en particular a quienes dependían de esos servicios frente a la violencia de género, la pobreza, la exclusión o el despojo territorial. La cancelación de estas organizaciones destruyó las redes de cuidado y asistencia que sostenían la vida diaria de muchas comunidades».
Mencionaron como graves violaciones las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de mujeres.
Humillación como forma de control del régimen
«La detención arbitraria de mujeres opositoras o percibidas como tales sometidas a procesos sin garantías, incomunicación, cargos infundados y estigmatización basada en roles de género. Algunas de ellas sufrieron desaparición forzada durante semanas, meses o más de un año», denuncian.
Sobre esto remarcan que estas detenciones separaron a familias, incluidas madres e hijos, e interrumpieron la vida profesional de las afectadas.
«La tortura y los malos tratos en lugares de detención incluyeron formas claras de violencia sexual y de género, incluida la violación. Las mujeres detenidas subrayan con frecuencia que fueron sometidas a insultos sexistas, amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual, aislamiento, restricción de visitas familiares y privación de atención médica adecuada. Estas prácticas buscaron humillarlas y castigarlas por su participación política y por apartarse de roles tradicionales», describen en el documento.
Otro de sus miembros, Reed Brpdy, explicó que el régimen presenta como «enemigas del pueblo» a mujeres periodistas, activistas y líderes indígenas por oponerse a las prácticas represivas y la masiva violación a los derechos humanos del clan Ortega-Murillo.
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Igualdad de género solo de boca
El GHREN sostuvo que mientras la dictadura pregona en sus discursos oficiales la igualdad de género, la violencia que aplica a las mujeres que se oponen a sus políticas desnudan su propaganda.
El grupo recalcó que desde el regreso al poder de Daniel Ortega en 2027, la codictadora Murillo ha insistido en el rol de la «mujer ideal», a la que estereotipa como madres y asociadas a roles tradicionales en la sociedad.
«El modelo de mujer ideal alabado en el discurso oficial contradice el estándar establecido por el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al reforzar roles tradicionales basados en estereotipos sobre lo que “debe ser” el papel de los hombres y las mujeres en la familia y en la sociedad. Este discurso busca deslegitimizar y estigmatizar a las mujeres que ejercen un liderazgo político o expresan posturas críticas frente a las políticas y actuaciones del Gobierno», alertó.
Las fases de la represión de Ortega-Murillo
Recuerdan que la primera fase de represión política con las protestas de 2018 y hasta 2020 incluían detenciones forzadas, excesiva violencia al usar a grupos paraestatales, pero después fue mutando contra las mujeres que ejercieron el «liderazgo en las protestas y en la crítica al Gobierno, así como a las dirigentes políticas, activistas comunitarias, periodistas, académicas, abogadas y exsandinistas».
En una segunda fase represiva (2021) se silenció a los opositores para impedir que competieran en la elección presidencial de ese año; después continuó para eliminar a la oposición política aún vigente en el país.
Esto también incluyó la cancelación de 280 organizaciones de derechos humanos que defendían a mujeres, población LGBTQI+ y la niñez y adolescencia.
«La cuarta fase (2023 hasta la actualidad) se ha caracterizado por violaciones dirigidas a eliminar toda crítica restante e impedir cualquier movimiento de resistencia. La finalidad ha sido garantizar que los Copresidentes mantengan un control absoluto sobre todas las entidades del Estado y la población, incluso las personas exiliadas mediante la expansión de violaciones transnacionales de derechos humanos».
Desnacionalización, otra forma de violencia de género
Otras formas de violencia ha sido la desnacionalización de 452 nicaragüenses, entre quienes se cuentan 84 mujeres, a las que como el resto de los expatriados declararon «traidoras a la patria».
«De estas mujeres, 33 formaban parte del grupo de 222 personas opositoras detenidas arbitrariamente y expulsadas a los Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, 26 del grupo de 94 personas despojadas de su nacionalidad mediante resoluciones judiciales el 15 de febrero de 2023 sin haber sido notificadas de procesos en su contra, y 25 del grupo de 135 personas detenidas arbitrariamente y expulsadas a Guatemala el 5 de septiembre de 2024», citaron.
El perfil de estas desnacionalizadas era de mujeres con alta exposición pública, con un liderazgo político, comunitario y de activismo en las protestas sociales, también defensoras de derechos humanos, periodistas, escritoras, lideresas estudiantiles, académicas e integrantes de espacios comunitarios y religiosos.
«Su desnacionalización constituyó así una forma de castigo por haberse atrevido a ejercer un liderazgo político autónomo y feminista cuestionando no solo las políticas estatales, sino también los roles de género históricamente impuestos», apuntaron.
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