Exigen al Parlamento Europeo llevar a la dictadura de Nicaragua ante la CIJ

En una comparecencia ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la abogada Wendy Flores solicitó que la Unión Europea promueva una demanda formal contra el Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La petición se fundamenta en la violación sistemática de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, tras el despojo de nacionalidad y los destierros ejecutados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Flores, quien es vicepresidenta del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentó un balance de la crisis migratoria y represiva que atraviesa el país desde el año 2018.

Según la jurista, la política de destierro y exilio forzado no es un fenómeno aislado, sino una estrategia institucionalizada. «Nadie se va porque quiere», sentenció Flores ante los eurodiputados, tras recordar que ella forma parte de las más de 873,000 personas que han abandonado el país por la persecución política.

La institucionalización de la apatridia

Desde febrero de 2023, el régimen de Managua ha despojado de su nacionalidad a al menos 452 nicaragüenses.

Estas medidas incluyen la cancelación de registros civiles, la confiscación de bienes y la eliminación de identidades jurídicas en procesos que carecen de toda garantía legal. La defensora denunció que estas acciones afectan incluso a menores de edad y adultos mayores.

«Sus nombres fueron eliminados oficialmente, incluso afectando a niños cuyas partidas de nacimiento fueron alteradas», denunció la abogada.

Además, resaltó que un tercio de las víctimas son personas de la tercera edad que, tras el despojo de su ciudadanía, perdieron sus pensiones de jubilación, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad en los países de acogida.

Persecución sin fronteras

Citando informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), la jurista también denunció la represión transnacional y explicó cómo el brazo operativo de la dictadura alcanza a los opositores en el exterior.

Datos del Colectivo indican que más de 200 exiliados han sufrido amenazas y al menos nueve nicaragüenses fueron asesinados en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025.

Flores urgió al Parlamento Europeo a tomar acciones concretas, como impulsar la demanda ante la CIJ por la violación de los tratados internacionales sobre apatridia, denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los crímenes de lesa humanidad y facilitar mecanismos de nacionalización y protección para quienes han quedado apátridas de facto.

«La desnacionalización y el destierro no solo despojan a las personas de su identidad jurídica, sino que buscan borrar su existencia cívica», advirtió Flores.

La abogada subrayó que la comunidad internacional debe actuar con urgencia para frenar una política que pretende convertir el exilio nicaragüense en una «condena permanente».