La casa presidencial de Nicaragua fue convertida en salón de bailongos y eventos privados
La Casa de los Pueblos, residencia oficial de la Presidencia de Nicaragua que Daniel Ortega decidió abandonar desde su regreso al poder en 2007, está siendo utilizada hoy como salón para bailongos y eventos sociales privados, incluidas bodas.
La evidencia surge de un video publicado en TikTok por Bayardo Cruz, un organizador de eventos que en redes sociales se identifica como graduado en Mercadeo, miembro de la plataforma sandinista Nicaragua Diseña —impulsada por Camila Ortega Murillo— y además ejecutivo de ventas del Centro de Convenciones Olof Palme.
@bayardocruz2 La primer boda del año Todo un éxito gracias a Dios #boda #wedding #casadelospueblos ♬ Echoes In Silence – Jin Hashimoto
«Ayer (sábado 25 de abril) tuve el honor de dar inicio a mi temporada de bodas en un lugar simplemente mágico: La Casa de los Pueblos…», narra Cruz en el video, donde se observa la antigua residencia presidencial convertida en un salón de fiestas, con mesas de banquete, música en vivo, DJ y hasta una gigantona como parte del espectáculo.
Un edificio simbólico convertido en negocio
La utilización de este inmueble para fines privados resulta particularmente llamativa por su valor histórico e institucional. La residencia fue severamente dañada por el terremoto de 1972 y reconstruida a finales de los años 90 con una donación de 10 millones de dólares del gobierno de Taiwán, durante la administración de Arnoldo Alemán. Posteriormente fue utilizada por el expresidente Enrique Bolaños.
Sin embargo, tras asumir nuevamente el poder, Ortega rechazó ocuparla y trasladó las funciones presidenciales a su residencia privada en El Carmen, que también opera como sede del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El régimen prometió convertir el edificio en una guardería infantil, similar a la idea que prometió el fallecido Hugo Chávez al ganar las elecciones en 1998 con la Casona Presidencial venezolana de hacerla una casa abrigo para niños abandonados, pero ninguno de los dos cumplió esa promesa.
Por años hubo planes con la residencia presidencial. Primero el Instituto Nacional de Cultura quiso que fuese un sitio para el arte y la creación, pero esa iniciativa no prosperó. Murillo alguna vez dijo que sería usada por ministerios u otros organismos oficiales que no tuvieran oficinas propias, pero tampoco sucedió.
Desde entonces, el inmueble fue rebautizado como «Casa de los Pueblos» y ha tenido usos esporádicos: actos oficiales, reuniones con presidentes de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), encuentros diplomáticos y actividades partidarias. En ese edificio también se reunía Daniel Ortega con los empresarios más poderosos del país durante el amorío que el régimen sostuvo con el gran capital. Pero ahora, según la evidencia recopilada, también forma parte de una oferta comercial de alquiler para eventos.
La conexión con el Olof Palme
Revisión de material promocional y publicaciones oficiales —incluyendo contenido del portal de la maquinaria de propaganda oficial 19 Digital— indica que los salones de la Casa de los Pueblos fueron incorporados a la oferta del Olof Palme desde al menos septiembre de 2025.
En esa oferta se incluían salones en planta baja con tarifas entre 500 y 1,150 dólares por cinco horas y nueve salones adicionales en el segundo nivel, con precios similares
Aunque no hay confirmación oficial sobre cuánto se pagó por la boda mostrada en el video de Bayardo Cruz, ni quiénes fueron los contratantes, la evidencia apunta a que el inmueble está siendo explotado como un espacio comercial y que el organizador de eventos que mostró este video de la última boda realizada el fin de semana es del equipo cercano a Camila Ortega, la asistente de la primera dama Rosario Murillo.
En sus redes sociales, Bayardo Cruz, el organizador de eventos y modelo de Nicaragua Diseña, aparece en múltiples fotografías junto a la hija de Ortega y Murillo. Incluso, en una foto, el también trabajador del Olof Palme aparece con el mismo Ortega.
Las preguntas que el régimen no responde
Para el activista opositor en el exilio Israel Lewites, el uso de la antigua casa presidencial como salón de eventos refleja el abuso y la opacidad que la dictadura sandinista acostumbra en el manejo de bienes públicos.
«Tener una casa presidencial, aparte de temas simbólicos, suele ayudar en temas de seguridad, coordinación entre instituciones y facilitar temas de protocolo, haciendo más eficiente la agenda del mandatario que reside en un complejo de oficinas y salones en donde recibe y despacha a comitivas de diverso nivel y número de asistentes», explica sobre el fin que tienen estos palacios o casas de gobierno.
Aunque no quiso especular sobre quiénes se casaron en la Casa de los Pueblos el pasado fin de semana, Lewites puso el foco en la opacidad con la que se maneja la dictadura.
Pero frente a este caso, plantea interrogantes elementales. «¿Se alquiló este bien inmueble? ¿A qué precio? ¿A dónde va a parar este dinero? ¿Se anuncia públicamente o es un servicio reservado para círculos del régimen?».
Un uso que viola la ley
El abogado y opositor Juan Diego Barberena advierte que el uso de la Casa de los Pueblos para fines privados podría contravenir la legislación nicaragüense sobre bienes del Estado.
Según explica, la Ley 169 establece que los bienes públicos son inalienables y deben destinarse al interés general, no a negocios privados.
«Están utilizando a discrecionalidad un bien del Estado para fines privados en el marco de un negocio, como un arrendamiento», señala.
Barberena subraya que incluso si el Olof Palme —una entidad pública— administra el edificio de la casa de gobierno, eso no legitima automáticamente su uso comercial.
«No puede ser discrecional. La ley exige procedimientos, licitación pública y, en ciertos casos, aprobación parlamentaria. Nada de eso se conoce en este caso».
El abogado también hace cuestionamientos sobre el fin y el manejo del dinero que puede obtenerse del alquilar de ese edificio para ese tipo de fiestas. «¿A dónde va el canon de arrendamiento? ¿Quién administra esos ingresos? Hay una opacidad total, lo que sugiere que podría tratarse de un negocio controlado por el entorno del poder».
Un símbolo institucional degradado
La transformación de la antigua residencia presidencial en un espacio para eventos privados no solo plantea dudas legales, sino también simbólicas.
Se trata de un edificio construido con fondos de cooperación internacional, destinado a albergar la institucionalidad del Estado, y que hoy funciona —sin transparencia— como un salón de fiestas en manos de estructuras vinculadas al poder político y a operadores de la hija de Ortega y Murillo.
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