Dictadura prohíbe entrada a abogado de Junieysis Merlo, nicaragüense asesinada en Costa Rica
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso un bloqueo migratorio al abogado costarricense Joseph Rivera, el jurista que ejerce la representación legal de la familia de Junieysis Merlo Espinoza, la joven nicaragüense brutalmente asesinada en Costa Rica.
El abogado Rivera denunció que el régimen le notificó la prohibición de entrada al territorio nacional con apenas 24 horas de antelación. El profesional pretendía viajar a las comunidades de San Juan de Río Coco y Telpaneca, en el departamento de Madriz.
El objetivo era asesorar a Máximo Merlo y Vilma Espinoza, padres de la joven, quienes atraviesan un complejo proceso judicial y de duelo, mientras solicitan la custodia legal de las dos hijas de Merlo.
Desmentido a la retórica oficial
La medida de la dictadura contradice las declaraciones de Rosario Murillo. La vocera del régimen aseguró previamente que el Estado mantenía comunicación con Costa Rica y apoyaba a los deudos. Sin embargo, el comunicado de Rivera es tajante sobre la realidad que viven los padres en Nicaragua.
«A solo 24 horas de mi partida, el Gobierno de Nicaragua me negó el permiso de ingreso sin justificación aparente, impidiéndome cumplir con mi deber profesional», denunció el jurista.
Rivera fue enfático al describir el desamparo de los familiares. «La familia de Junieysis no ha recibido ningún tipo de asistencia del Gobierno de Nicaragua. Enfrentan solos el duelo, la repatriación de cenizas y la búsqueda de justicia. Es inaceptable».
Además del bloqueo político, el abogado enfrenta obstáculos económicos por parte de las empresas Copa Airlines y Avianca. Ambas compañías rechazaron las solicitudes de reembolso tras la cancelación obligatoria del viaje. Rivera calificó esta negativa como una falta de ética ante una tragedia humana de tal magnitud.
«Esta pérdida económica no es mi responsabilidad. Actué de buena fe. Las aerolíneas se escudan en políticas rígidas y me trasladan el costo de una fuerza mayor. Es una práctica moralmente cuestionable y falta de empatía», sentenció.
Mientras el proceso judicial avanza en Costa Rica, el abogado Rivera exige que el régimen de Ortega explique la denegación de su ingreso y brinde apoyo básico a los padres. «Mi compromiso con la familia Merlo Espinoza es absoluto e inquebrantable. La distancia no me detendrá».
Una historia de violencia y vigilancia
El cuerpo de Junieysis fue recuperado de una fosa de dos metros de profundidad en Salitral de Santa Ana, San José el pasado 9 de abril. Antes de su muerte, la joven vivía bajo un sistema de control absoluto por parte de su expareja y principal sospechoso, Gustavo Calvo Ramírez.
Según sus familiares, el sujeto utilizaba la pensión de sus hijas de cuatro años para chantajearla. La madre de la víctima, Vilma Espinoza, relató que su hija vivía aterrada tras descubrir que era vigilada mediante tecnología oculta.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica encontró cámaras ocultas en la vivienda donde residía la joven nicaragüense antes de su asesinato, según revelan nuevos hallazgos del caso.
Durante un allanamiento, agentes judiciales localizaron al menos cuatro dispositivos espías instalados en distintos puntos del inmueble. De acuerdo con el informe, las cámaras estaban escondidas en el cielo raso, el baño y otras áreas, y tenían la capacidad de grabar en alta definición, incluso en la oscuridad.
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