Fundación del Río desmiente al régimen y denuncia expansión ilegal de la minería en Nicaragua
La organización ambiental Fundación del Río rechazó el comunicado de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Minas en el que ambas instituciones aseguran que las concesiones mineras en el país cumplen con el «debido proceso, transparencia y publicidad».
En su nota de prensa titulada «Minerías en Nicaragua», publicada el 21 de febrero, la Procuraduría sostiene que todas las concesiones otorgadas a particulares y empresas son publicadas en La Gaceta, detallando nombre del titular, ubicación, área concesionada y período de vigencia.
Además, afirma que los trámites se ajustan a la «Ley Especial para la Exploración y Explotación de Minas», y que las empresas cumplen con revisiones técnicas, ambientales y tributarias periódicas.
El comunicado también subrayó que el oro se consolidó como uno de los principales rubros de exportación del país, alcanzando en 2025 más de 1,961 millones de dólares.
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Asimismo, precisó que empresas vinculadas a los grupos Equinox y Hemco Mineros operan «sin restricciones», concentrando 64 concesiones que representan el 34.28% de las áreas bajo aprovechamiento minero y exportaciones por aproximadamente 1.325 millones de dólares el año pasado.
«La realidad demuestra lo contrario»
Sin embargo, la Fundación del Río cuestionó de forma directa la narrativa oficial. En una serie de pronunciamientos públicos quela organización publicóen sus redes sociales. «La Procuraduría y la Dirección General de Minas publicaron una nota afirmando que las concesiones mineras en Nicaragua cumplen debido proceso, transparencia y publicidad. El problema: la realidad en el territorio demuestra lo contrario».
La ONG afirmó haber documentado minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, así como el traslado de material desde Costa Rica para su procesamiento en Nicaragua y la existencia de actividades ilícitas asociadas, incluyendo tráfico ilegal y presunto tráfico de armas.
«Mientras el régimen habla de transparencia, Fundación del Río ha documentado que existe minería ilegal dentro de la Reserva Indio Maíz», señaló la organización.
También denunció que el régimen sandinista ha reformado el sistema de evaluación ambiental para facilitar la exploración y explotación minera, incluso dentro de áreas protegidas, y que se estarían otorgando concesiones sin estudios de impacto ambiental.
La organización agregó que el Estado incumple estándares internacionales al no garantizar consultas libres, previas e informadas a las comunidades afectadas por proyectos extractivos.
Como ejemplo de lo que consideran un modelo de expansión extractiva sin consentimiento social, la Fundación citó los desalojos registrados en el municipio de Rosita, en el Caribe Norte del país.
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