Revelan contenido de ley de amnistía en Venezuela: alcances y exclusiones
Con información de AFP
El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, inició el primer debate de una ley de amnistía general que abarca delitos como «traición a la patria» y «terrorismo» —frecuentemente imputados a presos políticos— y que también contempla el perdón de «infracciones» cometidas por jueces, fiscales y otros funcionarios públicos.
El proyecto, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue presentado tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense y avanza en su trámite legislativo con la expectativa oficial de que sea aprobado en los próximos días.
La AFP tuvo acceso al texto del proyecto, que aún puede sufrir modificaciones durante el proceso parlamentario y cuyo contenido ya genera debates sobre sus alcances y exclusiones.
Delitos incluidos y alcance de la amnistía
El borrador establece la concesión de amnistía para causas basadas en la Ley contra el Odio, así como delitos de traición a la patria, rebelión militar, sublevación, asociación para delinquir, ultraje al funcionario, daños a la propiedad y porte de artefactos explosivos o incendiarios, entre otros.
En el caso específico del delito de «terrorismo», el texto indica que la amnistía «estará condicionada a que se demuestre que la acusación se fundamentó en una aplicación discriminatoria de la ley penal o en la violación de garantías judiciales».
La iniciativa también incluye casos vinculados a los hechos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue brevemente derrocado, así como a la huelga petrolera de ese mismo año.
Asimismo, contempla a detenidos durante la represión de protestas antigubernamentales registradas en 2004, 2007, 2014, 2017, 2019, 2020 y 2024, luego de la cuestionada reelección de Maduro. En este último episodio, más de 2.000 personas fueron detenidas en apenas 48 horas.
El proyecto establece además que la amnistía «se extiende a las infracciones disciplinarias supuestamente cometidas por jueces, fiscales del Ministerio Público u otros funcionarios públicos con ocasión del desempeño de sus funciones».
Incluye el delito de fuga y beneficia a quienes solicitaron asilo o refugio por razones políticas. También contempla a civiles juzgados por tribunales militares en casos donde se haya cometido abuso de poder o faltas al decoro militar.
Inhabilitaciones, retorno y funcionarios
El texto prevé dejar sin efecto inhabilitaciones políticas impuestas a funcionarios por hechos ocurridos entre 1999 y 2026. Entre los casos emblemáticos figura el de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, impedida de participar en las elecciones de 2024.
La iniciativa introduce además la «garantía de retorno», que implicaría el levantamiento inmediato de alertas migratorias, órdenes de captura nacionales y notificaciones rojas de Interpol contra beneficiarios de la amnistía.
También contempla acciones contra parlamentarios cuando se considere que hubo «allanamiento indebido de su inmunidad» o situaciones que hayan afectado la imparcialidad de la justicia.
Sin embargo, el texto no incluye en principio mecanismos de reparación para víctimas de abusos de autoridad.
Críticas por exclusiones y omisiones
La mayor coalición opositora venezolana denunció «omisiones graves» en el proyecto de ley, señalando que el borrador excluye a amplios grupos de presos políticos civiles y militares y no deroga el marco legal represivo vigente.
En un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática afirmó que la propuesta «no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas».
La coalición consideró «preocupante» que la aplicación de la amnistía quede en manos de los mismos órganos judiciales y del Ministerio Público «que han sido instrumentos de la persecución política».
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantó que el texto podría ser aprobado en su segundo debate el martes próximo y prometió la excarcelación inmediata de presos políticos una vez entre en vigor.
Desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció el inicio de un proceso de liberaciones, la ONG Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones hasta el 5 de febrero. Sin embargo, más de 600 presos políticos continúan detenidos en Venezuela, según esa organización.
Debate en comisión y propuestas de cambios
El diputado opositor Luis Florido, integrante del reducido grupo parlamentario Libertad, explicó que tras la primera discusión se abre la etapa de fondo del proyecto.
«En la primera discusión se debate la exposición de motivos. Ahora entramos en la etapa de fondo: la consulta pública arranca hoy con el sistema de justicia y luego las ONG; mañana será el turno de los familiares de presos políticos», indicó en su cuenta de X.
Florido señaló que durante el debate inicial advirtieron la ausencia de militares entre los beneficiarios y propusieron incluirlos en el texto.
«Ayer advertimos que faltaba incluir a los militares y propusimos derogar leyes como la Simón Bolívar, la de Extinción de Dominio, la del Odio y la de ONG, entre otras», afirmó.
El diputado reconoció que el grupo parlamentario Libertad cuenta con solo doce legisladores, cuatro de ellos dentro de la comisión que analiza el proyecto, pero aseguró que continuarán impulsando cambios.
«Solo somos doce diputados del grupo parlamentario Libertad, cuatro en la comisión, pero estamos dando la batalla y queremos que todos participen en este debate», expresó.
El proyecto de ley de amnistía continúa su trámite en la Asamblea Nacional venezolana, donde se prevé que su contenido pueda sufrir modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva.
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