Carlos Ramón González reaparece en audiencia virtual mientras permanece asilado por Ortega

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) de Colombia, volvió a aparecer públicamente este jueves, 29 de enero, al conectarse de manera virtual a la audiencia de acusación en su contra ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

González, señalado como uno de los principales articuladores del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se encuentra actualmente prófugo y bajo asilo concedido por Daniel Ortega.

Durante la audiencia, la Fiscalía colombiana formalizó la acusación por los presuntos delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. 

De acuerdo con la investigación, González habría sido la cabeza del entramado que permitió el desvío de recursos públicos y la adjudicación irregular de contratos, con el objetivo de asegurar apoyos legislativos para proyectos impulsados por el Gobierno en el Congreso colombiano.

300 pruebas contra protegido de Daniel Ortega

De acuerdo al diario El Tiempo de Colombia, la Fiscalía tiene cerca de 300 pruebas que apuntan a que González dio instrucciones directas para la entrega de millonarios recursos a altos dirigentes del Legislativo.

Según la acusación, estas órdenes se impartieron en una reunión en el Palacio de Nariño y ejecutadas a través de la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, hoy privada de la libertad.

«González ordenó entregar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo», se lee en el escrito de acusación.

Durante la audiencia, la magistrada Blanca Nélida Barreto reconoció como víctimas del proceso a varias entidades del Estado colombiano, entre ellas la propia UNGRD, la Contraloría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como a dos comunidades wayúu que debían ser beneficiadas con un contrato para el suministro de agua potable mediante carrotanques.

Movimiento de fortuna

Por otro lado, información revelada por El Tiempo, con base en documentos oficiales, indican que el patrimonio declarado por González se redujo de manera significativa en los meses previos a que la Fiscalía lo citara formalmente.

Según el diario colombiano, la fortuna reportada pasó de aproximadamente 12.000 millones de pesos a cerca de 6.500 millones, una disminución cercana al 46%, registrada poco antes de que se le impusiera una restricción migratoria.

Este ajuste patrimonial coincide con diversas transferencias y ventas de propiedades efectuadas por González y su esposa, Luz Dana Leal. Dichas transacciones forman parte de las pruebas.