Asamblea Nacional reduce a seis los miembros la Junta Directiva de la EPN y elimina representación privada

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este jueves, 11 de diciembre, la reforma a la Ley General de Puertos de Nicaragua, para reducir la cantidad de miembros de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y eliminar todos los puestos provenientes del sector privado.

En su publicación oficial en redes sociales, el Legislativo aseguró que la reforma «fortalece y actualiza el ordenamiento jurídico», y que la nueva directiva permitirá una gestión «más ordenada y eficiente».

También reiteró que las sesiones ordinarias deberán convocarse «una vez al mes» y que las extraordinarias se celebrarán «cuando las necesidades lo requieran».

Una reestructuración ajustada al poder central

Durante la presentación de la iniciativa, la diputada Jenny Martínez argumentó que esta modificación responde al momento que atraviesa el sistema portuario. «Esta reforma garantiza una junta directiva más técnica y más organizada en beneficio del país», afirmó.

La reforma, aprobada de manera unánime, establece que la nueva Junta Directiva de la EPN queda integrada únicamente por seis altos funcionarios del Estado, sin ningún representante empresarial, laboral o regional.

Según el texto reformado, el órgano superior estará conformado por el presidente ejecutivo de la EPN, la Procuradora General de Justicia, quien actuará como vicepresidente de la Junta Directiva; el Ministro de Transporte e Infraestructura; el Jefe de la Fuerza Naval del Ejército; el Director General de Servicios Aduaneros; y el Director Ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria.

Con estos cambios, la procuradora Wendy Morales, funcionaria leal al orteguismo y sancionada internacionalmente, será la segunda al mando de la junta directiva y también se incorporará Ricardo José Somarriba Reyes, director del IPSA.

Eliminan puestos de la junta directiva

La reforma también suprime los literales que daban espacio al presidente de la Asociación Nicaragüense de Agentes Navieros, dos delegados del Consejo Superior de la Empresa Privada, un representante de las empresas de estiba, un representante de los trabajadores de la EPN y un delegado de los Consejos Regionales de la Costa Caribe.

Asimismo, elimina la representación del ministro de Hacienda y Crédito Público; del titular de Fomento, Industria y Comercio; de la codirección del Instituto Nicaragüense de Turismo; y del delegado presidencial para Inversiones y Facilitación del Comercio Exterior. El puesto del delegado presidencial para Inversiones también queda eliminado.

Aunque la Asamblea insiste en que la reforma busca «mantener una gestión óptima dentro del Estado nicaragüense», el cambio se inscribe en un patrón de concentración total del poder estatal.