Embajada de EE.UU. advierte sobre «patrones preocupantes» en Nicaragua en medio de amenaza de expulsión del CAFTA

La Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Managua emitió este martes, 9 de diciembre, un nuevo pronunciamiento en el que advierte que la investigación realizada por su Gobierno sobre la situación interna de Nicaragua revela «patrones preocupantes» que afectan de manera directa a la población.

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El comunicado surge mientras Washington evalúa nuevas sanciones económicas y después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, calificara al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un «narcoestado».

«La investigación del Gobierno de los Estados Unidos sobre Nicaragua ha sacado a la luz patrones preocupantes que afectan a la población nicaragüense, especialmente en ámbitos críticos como los derechos humanos, los derechos laborales y el Estado de derecho», detalla el comunicado publicado en la red social X.

La embajada aseguró que la investigación ha expuesto «confiscaciones arbitrarias de propiedades y el desmantelamiento de instituciones democráticas», procesos que, afirma, han debilitado la estabilidad jurídica de familias, trabajadores y empresas nicaragüenses.

El pronunciamiento exhorta a la población a revisar los testimonios publicados, los cuales describen cómo las autoridades son utilizadas como herramientas de presión política y económica.

Uno de los testimonios destaca que los inversionistas se enfrentan a confiscaciones debido a que la justicia funciona como un mecanismo «de opresión», y que la política fiscal es empleada para «extorsionar» a empresarios.

Otra declaración incluida por la embajada sostiene que «está totalmente a discreción quién puede operar y quién no puede operar» en el país, reflejando el clima de control político que denuncian diversos sectores.

A la par de estas denuncias, la administración estadounidense continúa evaluando un incremento del 100 % en los aranceles a productos nicaragüenses y la posible expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, medidas que tendrían un impacto en la economía del país.

Hasta el momento, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha emitido una respuesta oficial a esta medida.