María Frixione, la nueva magistrada que afirmó que «en Nicaragua no se violan derechos humanos»
La Asamblea Nacional nombró de forma acelerada a María Frixione Ocón como nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), apenas minutos después de aceptar la renuncia del magistrado Marvin Ramiro Aguilar García.
Su llegada al máximo tribunal de Nicaragua responde a la estrategia del oficialismo de continuar reforzando su control sobre el extinto Poder Judicial, en medio de una purga ejecutada por Daniel Ortega y Rosario Murillo y que se ha extendido desde el año 2023.
Frixione Ocón es la séptima magistrada impuesta por la dictadura en menos de 15 días. Antes de su ascenso, también fueron designados y juramentados Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonylin Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, Octavio Ernesto Rothschuh Andino y Rosa Argentina Solís Dávila.
Entreguismo al régimen
Hasta su designación, Frixione Ocón ocupaba el cargo de Procuradora Nacional Constitucional en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), institución dirigida por la sancionada procuradora Wendy Morales.
Antes de ello, fungió como procuradora Auxiliar Penal y coordinadora de la Unidad de Asuntos Penales Internacionales, Derechos Humanos y Humanitarios de la Procuraduría General de la República.
Desde esa posición, se desempeñó como pieza clave en la defensa jurídica del régimen, representando al Estado en recursos de amparo, demandas contenciosas y acciones por inconstitucionalidad de gran sensibilidad política, precisamente ante la misma Corte Suprema que ahora integrará.
Entre sus funciones destacaba el seguimiento a compromisos internacionales, la tramitación de solicitudes de asistencia legal en materia penal y la representación del país en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.
La funcionaria que negó violaciones a los derechos humanos
Uno de los episodios más recordados de Frixione data de 2014, cuando, en calidad de representante gubernamental, aseguró categóricamente que «en Nicaragua no se violan derechos humanos», afirmando que no existían denuncias de abusos cometidos por autoridades.
Sus declaraciones generaron críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos que ya entonces alertaban sobre el deterioro institucional y el aumento de la represión.
Al año siguiente, representó nuevamente al Estado ante instancias internacionales. En 2015 defendió la posición gubernamental en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, sobre violencia y desprotección hacia mujeres nicaragüenses, en medio de cuestionamientos de organizaciones feministas por casos emblemáticos como el de Dina Carrión.
Ese mismo año, intervino por segunda vez en la CIDH frente a denuncias de líderes mískitos y afrodescendientes, quienes señalaron el incumplimiento estatal en el saneamiento territorial y la falta de protección frente a la invasión de colonos en la Costa Caribe.
El respaldo oficialista
Tras su nombramiento, la diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, destacó la «trayectoria profesional» y el «compromiso con el Estado de Nicaragua» de Frixione Ocón, un discurso alineado con la narrativa oficial.
Con la designación de Frixione Ocón, continúa la barrida dentro del órgano judicial supeditado a los intereses de Daniel Ortega y Rosario Murillo y ya son siete de 10 las vacantes renovadas.
En sus cargos, desde 2014, aún permanecen en teoría los magistrados Alba Luz Ramos, quien es la presidenta de la CSJ; Gerardo Arce, hermano del encarcelado Bayardo Arce; y Juana Méndez, considerada una de las más protegidas y quien fue clave para salvar a Ortega de la acusación de violación en los años 90, cuando ella ejercía como Jueza de Distrito Penal.
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