Telcor pondrá en marcha Ley de Telecomunicaciones que amplía poder de fiscalización del régimen

La directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahima Díaz, anunció que el próximo jueves, 6 de noviembre, entrará en vigencia la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, una normativa que, fue aprobada el año pasado y que obligará a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios.

Durante una entrevista en el oficialista canal TN8, Díaz, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, afirmó que con la nueva normativa, Telcor se convierte en un «regulador de cuarta generación», alineado con los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

«Este jueves, 6 de noviembre, entra en vigencia nuestra nueva ley de telecomunicaciones Convergentes. Tenemos más facultades como ente regulador para ejercer mayor control sobre los operadores, garantizar servicios de calidad y precios accesibles para la población», explicó la funcionaria.

Díaz aseguró que la ley representa un cambio «bastante grande» respecto a la anterior, vigente desde 1995, la cual calificó como «obsoleta» y además dijo que Telcor se prepara para emitir 19 normativas complementarias, que serán publicadas en La Gaceta, Diario Oficial.

«Estamos finiquitando esas normativas específicas para operativizar algunos temas que están incluidos dentro de la ley. Estamos haciendo el trabajo para que estén listas lo más pronto posible», aseguró.

Aclaró que aunque la ley entra en vigencia mañana, hay que hacer algunos ajustes técnicos y operativos que llevarán más tiempo. «Con esto se promoverán más inversiones y beneficios para los nicaragüenses», dijo Díaz, sin dar detalles sobre el alcalce de esta nueva legislación.

Experto advierte que la ley legaliza el espionaje

A pesar de que la vocera del régimen orteguista asegura que la ley busca beneficiar a usuarios y operadores, José Ulloa, analista en telecomunicaciones, calificó la norma como una «ley de espionaje».

«La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes no es más que un instrumento que legaliza el espionaje por parte del régimen a las comunicaciones de los nicaragüenses y obliga a los operadores de servicio a revelar datos personales de los usuarios», advirtió.

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El experto recordó que el artículo 1 de la ley faculta a Telcor a «normar, regular, planificar, supervisar, fiscalizar y desarrollar el sector de las telecomunicaciones». «El término ‘fiscalizar’, viniendo de la dictadura Ortega-Murillo, no puede significar otra cosa que espionaje», afirmó.

Mientras que el artículo 109 dictamina que «los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias. Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable».

Para Ulloa, lo establecido en este artículo deja completamente claro que la dictadura busca aumentar su control sobre la población.

Alertó que esta disposición podría usarse para rastrear y ubicar a ciudadanos de interés para las autoridades. «No le será difícil a la dictadura, a sus cuerpos represivos, localizar a un usuario de su interés, hasta georreferenciado se lo podrá pedir a los operadores, que no podrán negarse porque la ley los obliga».