Dictadura Ortega-Murillo crea ocho salas judiciales más en La Modelo; un mecanismo maquinado para juzgar a presos políticos en la oscuridad

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inauguró este martes ocho nuevas salas virtuales para audiencias judiciales dentro del complejo penitenciario “Jorge Navarro”, conocido como La Modelo, en el municipio de Tipitapa, bajo el argumento de «agilizar los procesos penales» y «reducir riesgos en el traslado de reos».

De acuerdo con la propaganda oficial, estas salas —equipadas con monitores, cámaras y sistemas de videoconferencia— permitirán atender «todas las audiencias judiciales de Managua de manera remota». Sin embargo, defensores de derechos humanos alertan que este modelo lo inauguraron con prisioneros políticos y constituye una forma institucionalizada de represión judicial, al impedir la defensa presencial, el acceso público y la supervisión independiente de los procesos.

El subcomisionado Rodrigo García Ordóñez, director del penal, afirmó que «este es un esfuerzo que realiza nuestro buen gobierno para aumentar la capacidad de procesar todas las audiencias judiciales de forma virtual», y sostuvo que las audiencias digitales «mejoran la percepción de seguridad» y «reducen la retardación de justicia».

Por su parte, la teniente Ana Rojas Silva, oficial de control penal, citada por la propaganda gubernamental, aseguró que estas instalaciones «fortalecen la aplicación de las leyes penales y permiten conocer con mayor agilidad la situación legal de los privados de libertad».

Un mecanismo nacido de la represión

En mayo de 2025, Artículo 66 reportó la primera inauguración de diez salas judiciales virtuales en los sistemas penitenciarios de Tipitapa. Lo que no se sabe es si esta nueva inauguración es solo un maquillaje de esa estructura ya anunciada o si se trata de un aumento de la maquinaria de juicios por videoconferencias.

Si esto se trata de una ampliación de esas salas virtuales, la dictadura ya tendría dispuestas 18 salas de audiencias en el penal de Tipitapa.

En mayor, cuando este medio informó de esa primera inauguración de salas, el régimen presentó el proyecto como un «avance emblemático de modernización», pero en realidad formalizó un método que ya se estrenó contra prisioneros políticos, a quienes obligaron a enfrentar audiencias dentro de las cárceles sin acceso público, sin defensa libre y bajo vigilancia militar.

El abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, exiliado en Costa Rica, explicó entonces que el sistema representa «la consolidación de un modelo de arbitrariedad».

«El régimen ha buscado cómo poner a la medida de la arbitrariedad, a la medida de la tiranía, lo que se llama un legal y debido proceso. Son de las cosas que han pisoteado. Para que nadie les alegue que han violentado el orden jurídico, hasta han tratado de hacer cambios desde la Constitución, que la destruyeron, para calzar todo hecho a ese abuso de poder», declaró Carrión a este medio.

El jurista recordó que la “Constitución destruida” por las reformas de febrero de 2025 garantizaba el derecho de toda persona detenida a ser presentada ante un juez en un plazo máximo de 48 horas y con presencia de su abogado defensor. «Todo eso fue eliminado de facto. Ahora pretenden presentar como legal y moderno lo que nació como una herramienta de represión», señaló.

“Audiencias bajo intimidación, no bajo justicia”

Carrión advirtió que las audiencias dentro de los penales se desarrollan en condiciones de intimidación absoluta, contrarias a cualquier estándar de justicia.

«Cuando se hace una audiencia dentro de una prisión, no hay ninguna posibilidad de libertad. El encierro es sinónimo de intimidación. Está rodeado de fusiles, el abogado está sometido al ambiente de represión, y no existe acceso público. Nada de eso puede considerarse justicia», sostuvo.

El defensor agregó que este modelo solo profundiza la criminalización de los presos políticos y de la población encarcelada arbitrariamente. «Tan lejos están de garantizar un proceso legal, que lo único que hacen es institucionalizar la injusticia. Realizar audiencias virtuales en cárceles, aunque las pinten con tecnología y climatización, es hacerlas bajo intimidación. Están lejos de ser juzgados, lejos de ser palacios de justicia, son escenografías para justificar la arbitrariedad», concluyó.

Control judicial bajo el discurso de «eficiencia»

Aunque el régimen insiste en que las salas virtuales reducen costos de traslado y «riesgos a la seguridad judicial», abogados y organismos de derechos humanos sostienen que se trata de una estrategia para mantener el control político sobre el Poder Judicial y evitar que los procesos sean públicos o auditables.

El sistema de juicios virtuales permite a la dictadura juzgar a las personas desde la prisión, impedir la presencia de observadores y consolidar el Estado policial dentro de los mismos centros de detención.

Con la ampliación de este programa, que ahora alcanza 14 salas virtuales solo en “La Modelo”, el régimen Ortega-Murillo extiende un modelo de represión procesal que niega garantías constitucionales y sustituye el acceso a la justicia por la vigilancia total hasta por videoconferencias conducidas por jueces verdugos del régimen.