Empresa ligada a la Cervecería de Nicaragua enfrenta condena judicial y tendrá que pagar casi 80 millones de dólares al Estado

La Compañía Recicladora de Nicaragua, Sociedad Anónima (CRN S.A.), empresa vinculada al Grupo Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), fue condenada por el Juzgado Segundo Distrito Civil Oral de Managua a pagar al Estado una suma equivalente a 79 millones 158 mil 244 dólares con 50 centavos, luego de determinarse que se benefició de manera indebida del régimen de zonas francas.

La resolución judicial dictada el 29 de septiembre de 2025 por la jueza Mercedes Inés Leiva Castellón, ordena a «la sociedad mercantil COMPAÑÍA RECICLADORA DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por el Licenciado Silvio José González Solórzano, en carácter de deudor principal, para que en el acto de ser requerido pague al Estado de la República de Nicaragua, representado por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante la Licenciada Silvia Patricia Miranda Campos, en calidad de Procuradora Nacional de Finanza, la suma de: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA YOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CENTROAMERICANOS CON 50/100 (PCA 79,158,244.50), correspondientes a impuestos dejados de percibir y multa administrativa por contravención tributaria, equivalentes en moneda nacional córdobas a la cantidad de: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CÓRDOBAS CON 04/100 (C$2,899,115,294.04) más recargos moratorios y las costas judiciales que no podrán excederse al veinticinco por ciento del monto adeudo».

El documento judicial en poder de Artículo 66 advierte que, de no cumplir con el pago inmediato, se procederá al embargo de bienes inmuebles y de las cuentas bancarias nacionales e internacionales de la compañía, además de fijar un plazo de tres días para presentar oposición. «Contra el presente auto no cabe recurso alguno», advierte el fallo.

Según el expediente judicial, la deuda se originó en una resolución administrativa de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), que declaró sin lugar el recurso de revisión presentado por la empresa contra los resultados de una auditoría efectuada en abril de 2024.

Usufructo indebido del régimen de zonas francas

La DGA concluyó que CRN había usufructuado indebidamente los beneficios fiscales del régimen de zonas francas, un mecanismo reservado a sectores manufactureros. La Procuraduría General de la República, en representación del Estado, presentó entonces la demanda de ejecución forzosa, admitida por el juzgado al considerar que la resolución administrativa «prestaba mérito ejecutivo» y que la deuda era «líquida y exigible».

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Fue a partir de esa decisión que la jueza Leiva Castellón libró el mandamiento de ejecución, requiriendo a la empresa pagar la totalidad de la deuda o enfrentar el embargo de sus bienes. En el mismo auto, la judicial especificó que el embargo se aplicaría tanto a los inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Managua como a las cuentas bancarias que «la parte ejecutada tenga en instituciones financieras de carácter nacional o extranjero».

La Compañía Recicladora de Nicaragua, fundada como parte del Grupo CCN, nació como el brazo ambiental del conglomerado cervecero. Su objetivo era recolectar, procesar y exportar materiales reciclables —plástico, cartón, aluminio y otros residuos industriales— supuestamente, dentro de una estrategia de sostenibilidad corporativa.

Sin embargo, su inclusión dentro del régimen de zonas francas fue considerada irregular por las autoridades fiscales. La DGA sostuvo que el reciclaje no califica como una actividad industrial transformadora según la normativa, pues el régimen está destinado exclusivamente a la producción de bienes manufacturados de exportación, como los sectores textil, tabacalero o agroindustrial.

De acuerdo con el Directorio de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), CRN figuraba como usuaria bajo la categoría “reciclaje y exportación de todo tipo de materiales”, con sede en Managua. En los registros aparecen como representantes Silvio José González Solórzano y Luis Felipe Lacayo Urcuyo, quienes también son los principales contactos institucionales de la empresa dentro del grupo.

Este medio de comunicación accedió al expediente judicial completo, identificado con el número 004963-ORM4-2025-CO, en el que consta que la parte demandada presentó el 10 de octubre un escrito de “incidente de nulidad procesal absoluta y oposición al requerimiento de pago”. Ese recurso buscaba frenar la ejecución que finalmente fue ordenada por la jueza Leiva Castellón.

El gerente posaba en fotos con Camila Ortega Murillo en el Nicaragua Diseña

El caso se torna sospechoso de tener algún tipo de condimento político por la figura de Luis Felipe Lacayo Urcuyo, directivo de la compañía, quien aparece en una fotografía pública junto a Camila Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante un evento de Nicaragua Diseña, la plataforma de modas y arte dirigida por la propia Camila y financiada con fondos públicos.

La imagen, difundida por la misma organización, muestra a Lacayo Urcuyo posando junto a la hija de los dictadores sandinistas. Su presencia en un evento oficial del círculo familiar del poder refleja, al menos, una relación de cercanía o simpatía con la estructura política del régimen. Sin embargo, esa aparente afinidad no impidió que la empresa fuera sometida a una condena judicial millonaria.

Para conocer la versión de la compañía, Artículo 66 remitió una solicitud formal de entrevista a las direcciones [email protected], [email protected] y [email protected].

El primer correo, correspondiente al dominio institucional de la empresa, fue rebotado. Los otros dos, vinculados a los gerentes Silvio González y Luis Felipe Lacayo, devolvieron respuestas automáticas que indicaban que las direcciones no existían o habían sido deshabilitadas.

En la comunicación enviada, este medio planteó preguntas sobre los criterios con que la empresa consideró que sus exportaciones recicladas podían acogerse a los beneficios de zonas francas, el impacto económico de la sentencia, las posibles negociaciones con la DGA o la PGR y la repercusión de la condena en las operaciones generales del Grupo CCN. Además de esos correos que están en sus redes sociales y el directorio de zonas francas, no hemos encontrado otra forma de localizar a los representantes de la compañía para pedirles reaccionar a la información.

¿Por qué la empresa recicladora estaba aprovechando el régimen de zonas francas?

Más allá del conflicto fiscal, el caso abre un debate sobre la discrecionalidad del régimen para aplicar sanciones económicas y judiciales. Expertos consultados señalan que, en el contexto actual, el uso del aparato fiscal también sirve como herramienta de control político sobre las empresas privadas, incluso aquellas con vínculos cercanos al poder.

La resolución contra la Compañía Recicladora de Nicaragua —una empresa creada para proyectar sostenibilidad ambiental— termina convirtiéndose en un símbolo de contradicciones. Por un lado, evidencia la rigidez del sistema aduanero y la falta de claridad en los criterios del régimen de zonas francas. Por otro, muestra cómo, en el contexto de la dictadura, las sanciones económicas pueden operar tanto como mecanismos de corrección fiscal como de castigo político.

«La empresa perdió al «padrino» y el sistema se les vino encima»

Una fuente del sector empresarial que pidió mantener su identidad bajo anonimato explicó a Artículo 66 que la empresa recicladora «se metió de lleno al negocio del reciclaje, arrinconando por competencia a otras compañías del rubro y operando bajo la protección del poder».

«Habían empresas recicladoras que se dedicaban a recoger aluminio, celdas de baterías, plomo y otros metales, que cuando la Cervecería se metió a ese negocio, casi los quebró. La Cervecera distorsionó el negocio y lo hicieron porque tenían luz verde y ahora evidentemente perdieron esa protección y ahora están en ese problema», dice la fuente.

Otro propietario de una de estas empresas de reciclaje opinó que «sin lugar a dudas», la compañía recicladora «evadió, se aprovechó de un régimen especial sin tener derecho real, a punta de coimas y contactos. Y de eso supe que hubo otras empresas recicladoras que denunciaron «prácticas injustas» y ahora están pagando las consecuencias de ese ventajismo», confió el empresario.

Otro informante, experto en temas de zonas francas, coincidió en que la compañía incurrió en un uso indebido del régimen. «En este caso, evidentemente la Compañía Recicladora de Nicaragua, que forma parte del conglomerado de la Cervecera, se mete en un terreno que no le corresponde», explicó. Añadió que «no tienen posibilidad de estar en ese régimen porque no exportan bienes industriales ni textiles, como exige la ley. Abusaron de las ventajas fiscales, pero lo más revelador es que esto demuestra que en algún momento contaron con la venia del poder, porque para ingresar al régimen de zonas francas una empresa necesita aprobación de la Comisión Nacional de Zonas Francas. ¿Cómo es que nadie notó que no cumplían los requisitos? Eso revela que había protección desde arriba, y que cuando perdieron ese padrino, el sistema se les vino encima».

Las versiones de ambas fuentes coinciden en señalar que la compañía operó con ventajas amparadas en el poder político y que el proceso judicial podría marcar un punto de quiebre en la relación entre el régimen y parte del empresariado que le seguía coqueteando y recibiendo favores.

El caso de la Compañía Recicladora de Nicaragua —una empresa concebida como modelo ambiental y ahora en el centro de una de las mayores sanciones fiscales de los últimos años— demuestra que la dictadura premia a sus aliados, pero que los nexos con el poder no garantizan inmunidad frente a un aparato estatal que manosea la justicia a sus anchas.