Expertos de la ONU denuncian el uso de asesores secretos del orteguismo para reprimir

El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas exigió al régimen de Nicaragua esclarecer el paradero de más de 120 personas que han sido víctimas de desaparición forzada en el país, incluidas aquellas detenidas durante la ola de protestas ocurridas en 2018.

«Todas las personas que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua. Esto debe terminar de inmediato», afirmaron los expertos en un pronunciamiento.

El grupo de la ONU señaló que las desapariciones forzadas parecen venir de las máximas autoridades del país y que su objetivo principal es atemorizar a la población en general, transmitiendo claramente el mensaje de que cualquier persona que se atreva a disentir o a expresar una opinión contraria podría ser víctima de un destino similar.

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Las víctimas son líderes indígenas que defienden sus tierras, mujeres, personas mayores y ciudadanos con inclinaciones políticas diferentes a las del régimen, tanto aquellos vinculados a partidos políticos como quienes no tienen una afiliación conocida pero son vistos como opositores a las posturas del gobierno.

«El número real podría ser mayor, ya que muchas familias y representantes legales temen denunciar por miedo a represalias», alertaron las autoridades.

Régimen tiene asesores para reprimir

Los voceros reafirmaron las conclusiones del Grupo de Expertos Independientes sobre Nicaragua, las cuales señalan que el «poder ejecutivo es el centro del sistema represivo del país».

«La Presidencia opera con asesores que tienen funciones oficiales a menudo secretas, pero que son esenciales en la maquinaria represiva. Estos asesores reciben y ejecutan instrucciones directas que luego se implementan a lo largo de todos los niveles de las instituciones estatales».

Lamentaron que el régimen no coopere con el Grupo de Trabajo pese a las solicitudes realizadas. «Solo mediante una cooperación plena y efectiva podrá determinarse la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente e informar a sus familias», afirmaron.

Las expertas enfatizaron la necesidad de la rendición de cuentas y justicia en todos los niveles de la autoridad. «Cada actor del sistema judicial incluyendo a quienes ordenan aprehensiones, arrestos, detenciones, traslados y encarcelamientos, así como a quienes dirigen los juicios está, en última instancia, implicado en la comisión del crimen de desaparición forzada».

«Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses a que pongan fin a las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente y que garanticen que sus familias conozcan su suerte y paradero», afirmaron.