Piden no extraditar a campesino nicaragüense detenido en Costa Rica: «Los señalamientos en su contra son falsos»
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) solicitó este viernes, 19 de septiembre, al sistema judicial costarricense que rechace la extradición hacia Nicaragua de Pedro Javier Fernández Sandoval, un campesino nicaragüense que enfrenta una acusación relacionada con un caso de homicidio y que la organización calificó de «fabricada».
Fernández Sandoval, residente en Costa Rica desde hace más de 30 años y miembro activo de la UEN desde 2019, es señalado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como responsable de la muerte de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y de Pedro Pablo Chavarría Rivas, ocurridos el 1 de octubre de 2022 en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.
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En un comunicado, la UEN manifestó que «los señalamientos en su contra son falsos y carecen de sustento», y agregó que «en el período referido en la acusación, Pedro Javier se encontraba laborando como jardinero en una institución del Estado costarricense, desempeñando de forma honesta su trabajo».
Otros opositores extraditados
La organización recordó además que Pedro Javier enfrenta un proceso de extradición por el mismo caso por el que fueron acusados Douglas Gamaliel Pérez Centeno y Reinaldo Picado Miranda, quienes también son opositores al régimen sandinista.
Pérez Centeno, extraditado en febrero de 2024, se encuentra actualmente en condición de «prisionero desaparecido en Nicaragua», sin acceso a visitas, medicinas ni un proceso judicial transparente, según han confirmado sus familiares.
Por otro lado, Picado Miranda, exmiembro de la «Contra» nicaragüense, obtuvo la condición de refugiado en Costa Rica tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evitando así su extradición y protegiendo su vida e integridad.
Caso de persecución política transnacional
La organización advirtió que, de concretarse la extradición, «la vida e integridad de Fernández Sandoval correrán un peligro inminente e irreparable, en un contexto de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en Nicaragua».
«Llamamos a la comunidad internacional, medios de comunicación, organismos defensores de derechos humanos y ciudadanía, nicaragüense y costarricense a mantenerse vigilantes y a pronunciarse para impedir esta extradición, que constituye un caso claro de persecución política transnacional», señaló.
La UEN también hizo un llamado a las autoridades costarricenses para que respeten «sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y evitar la instrumentalización de los procesos de extradición con fines políticos».
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