CIDH concede medidas cautelares a cinco presos políticos del régimen Ortega-Murillo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger a cinco opositores nicaragüenses y presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los beneficiarios son Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero, Jessica María Palacios Vargas y su hermano, el pastor evangélico Rudy Antonio Palacios Vargas.
En su resolución del 16 de septiembre, la CIDH argumentó que concedió las medidas cautelares debido a la gravedad y urgencia de la situación de estos cinco presos políticos, cuyo derecho a la vida e integridad personal estarían en riesgo de sufrir daños irreparables en Nicaragua.
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Estas cinco personas fueron arrestadas en sus hogares el pasado 17 de julio por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) en la ciudad de Jinotepe, en el departamento de Carazo. Todos forman parte de una misma familia, vinculados congregaciones evangélicas
Familiares desconocen el paradero
Desde entonces, sus familiares y allegados han denunciado no contar con información sobre su paradero, lo que fue señalado por la CIDH como una preocupación importante.
«Las personas cercanas no cuentan con ningún tipo de comunicación con sus familiares presos, desconocen sus paraderos o situaciones jurídicas o si existe un expediente de investigación en su contra; el estado procesal de la causa; los motivos, el lugar y las condiciones de detención», detalló la Comisión.
Asimismo, señaló que ninguno de los beneficiarios cuenta con representación legal de su confianza.
Organismos de derechos humanos han denuncido que tras las detenciones, intentaron obtener datos en diversas cárceles del país sobre la ubicación y condiciones de los detenidos, pero las autoridades no han proporcionado información oficial ni respuestas claras sobre su situación actual.
Régimen sin aportar información
La CIDH señaló que, hasta ahora, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha respondido a las solicitudes de información. Por esta razón, solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las personas beneficiarias con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad de estas personas.
Estos prisioneros forman parte de un grupo mayor de, al menos, 73 opositores y críticos del régimen sandinista que se encuentran detenidos y son considerados presos políticos por diversas organizaciones de derechos humanos.

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