Vienen más purgas en el Estado de Nicaragua con tercera reforma a la Constitución en un mes
Con el voto unánime de la Asamblea Nacional sandinista, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó una tercera reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua en un mes.
Esta vez, la modificación es al artículo 118, que tiene como propósito fortalecer la responsabilidad de los funcionarios públicos en la administración de los recursos del Estado, pero críticos ven en esta reforma una maniobra para consolidar el control político y justificar purgas internas en el gobierno.
Antes, el artículo 118, que también fue modificado en la reforma del pasado mes de febrero, establecía que los funcionarios debían «cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política», y que su incumplimiento era causal suficiente para su remoción.
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Tras la modificación, el texto incluye la obligación de garantizar la «correcta administración, conservación y rendición de cuentas» de los fondos y bienes públicos, agregando que el incumplimiento también puede «acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales».
En un país donde se respete el Estado de Derecho, esta reforma podría interpretarse como un avance para combatir la corrupción y asegurar que los funcionarios responsables de malversar recursos enfrenten sanciones y paguen con cárcel. Sin embargo, en Nicaragua, este precepto se cumple a discrecionalidad.
La duda sobre la verdadera intención de esta reforma crece cuando se observa que esta ocurrió justo después de que Rosario Murillo emprendiera acciones contra funcionarios de su mismo régimen, como el caso de Bayardo Arce y Álvaro Baltodano y sus hijos.
¿Un combate contra la corrupción?
Expertos y opositores denuncian que la reforma del artículo 118 no es más que un instrumento para centralizar el control judicial en la recién creada Procuraduría General de Justicia, facilitando la eliminación de figuras incómodas dentro del propio régimen, bajo el lema «Todos contra la corrupción».
Según el abogado constitucional Juan Diego Barberena, la reforma al artículo 118 no busca realmente proteger los derechos de la población ni combatir la corrupción en Nicaragua. Más bien, tiene un objetivo político dirigido a los funcionarios públicos que han acumulado su patrimonio bajo la sombra del poder.
En declaraciones a Artículo 66, Barberena explica que la intención del régimen es enviar un mensaje claro a los altos funcionarios.
«Lo que ellos tienen les pertenece a los Ortega-Murillo; es una forma de aprehenderlos patrimonialmente», apuntó.
Esta reforma, según él, funciona como una amenaza para controlar a quienes podrían representar una amenaza interna, más que como una verdadera intención de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Una constitución a gusto de Ortega y Murillo
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recurrido a constantes reformas constitucionales para moldear una Carta Magna que le permita perpetuarse en el poder.
Según Barberena, esta práctica es común en las dictaduras que buscan «un ropaje de legalidad o constitucionalidad» para justificar su control absoluto.
«Esta táctica se conoce como constitucionalismo represivo, utilizada históricamente por regímenes como el estalinismo y el sistema político chino».
Barberena señala que, desde esta perspectiva, el objetivo del régimen nicaragüense es mantener un ordenamiento jurídico «colapsado» que se adapte plenamente a sus necesidades políticas.
«Las necesidades hoy son el absolutismo para viabilizar la sucesión dinástica», usando la Constitución como un traje a la medida para sus intereses autoritarios.
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