Ortega «reparte» propiedades al INSS en seis departamentos de Nicaragua
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue entregando más propiedades en concepto de «donación» al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Este 13 de agosto, a través de seis acuerdos presidenciales publicados en La Gaceta, oficializó el traspaso de seis escrituras públicas a favor del INSS en los departamentos de Managua, Masaya, Carazo, Granada, Estelí y Matagalpa.
Los acuerdos presidenciales, que van del 103-2025 al 108-2025, autorizan al presidente del INSS, Roberto López, «para que presente ante el Consejo Directivo del INSS, la solicitud de aceptación de la donación» de los bienes inmuebles.
Las donaciones estarían repartidas de la siguiente manera:
- Estelí, una propiedad (NAP BI-XEW2YM)
- Granada, una propiedad (NAP BI-2L16831H)
- Masaya, una propiedad (NAP BI-2L1U3MQN)
- Carazo, una propiedad ((NAP BI-9AHUJL2)
- Matagalpa, una propiedad ((NAP BI-2L00F6UW)
- Managua, una propiedad (NAP BI-2L2026DY)
Procuraduría responsable del trámite
A través de la publicación, los codictadores ordenan a la Procuradora General de la República, Wendy Morales, formalizar el traspaso de los bienes.
Las donaciones las justifican bajo el argumento de «fortalecer la seguridad social de los nicaragüenses» y mejorar la capacidad institucional del INSS.
Sin embargo, a esa institución la señalan por la falta de transparencia en las finanzas . Además, su historial de confiscaciones ilegales ejecutadas por el régimen en los últimos años ha generado serias sospechas de que estos bienes podrían haber pertenecido a ciudadanos desterrados y organizaciones confiscadas por el Estado.
Piñata a favor del INSS
Desde 2023, el régimen de Ortega ha ejecutado una serie de confiscaciones de propiedades pertenecientes a opositores políticos, empresarios, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, bajo el pretexto de ser bienes «recuperados» para el Estado, reviviendo la vieja operación de la Piñata, un despojo que el sandinismo ha hecho cada vez que ha ocupado el gobierno en Nicaragua.
En agosto de 2024, se transfirieron 72 propiedades al INSS, mientras que en febrero de 2025 se registró otra entrega de siete propiedades más.
Según investigaciones de medios independientes, el régimen ha confiscado al menos 135 propiedades en los últimos años, valoradas en más de 250 millones de dólares. Entre los afectados se encuentran exiliados y ciudadanos desnacionalizados por el régimen, cuyas viviendas y bienes fueron tomados arbitrariamente por la tiranía de los Ortega-Murillo.
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