Alianza Cívica condena criminalización y hostigamiento a defensoras de derechos humanos

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) condenó, a través de un comunicado de prensa, la represión y hostigamiento que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los abogados y abogadas así como defensores de derechos humanos, a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. Los juristas han asumido un rol importante en la defensa de los derechos humanos, en especial, de los presos políticos y de los ciudadanos que denuncian las violaciones de las que son víctimas por parte de la dictadura.

Los miembros de la oposición consideran que el ataque a los defensores y abogados ha sido únicamente por “el ejercicio de su trabajo”, razón por la que han sido objeto de “asedios constantes, amenazas de muerte, agresiones físicas, exilio, detenciones arbitrarias, y el más reciente, sujeto de procesos penales arbitrarios e injustos”, cita parte del escrito.

«La Alianza Cívica hace un llamado al cese inmediato de toda forma de represión contra los defensores de derechos humanos y acatar medidas de de protección y medidas de urgencia otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de miembros de las diferentes organizaciones de derechos humanos», señaló la oposición.

La Alianza asegura que esta criminalización es una «flagrante violación al derecho constitucional al trabajo, contemplado en el artículo 57 de la Constitución Política”. La oposición ejemplificó este hostigamiento y agresión a los defensores con el caso reciente de la abogada María Oviedo, quien fue encarcelada de forma arbitraria en la delegación policial de Masaya, el 26 de julio de este año.

La abogada de  la CPDH está siendo procesada penalmente por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio de un oficial. La justicia orteguista la remitió a juicio oral y público programado para este 19 de agosto. «Exigimos que se respete y se garantice el debido proceso y no se continúen llevando a cabo prácticas irregulares dentro de esa causa judicial”.

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En la audiencia inicial, Oviedo lamentó el hecho que la juez elevara el caso a juicio oral y público y no dictar un sobreseimiento. “Es lamentable la decisión de la juez porque debió atender el sobreseimiento que mis colegas solicitaron por hechos atípicos, es decir que los acontecimientos denunciados por el teniente no constituyen delito”.

Defensora Leyla Prado denuncia amenazas de muerte 

Mientras la abogada de la CPDH, Leyla Prado, recientemente denunció ser víctima de  amenazas de muerte. Prado ha realizado un trabajo fundamental en pro de los derechos humanos. Actualmente es la representante legal de Oviedo y da acompañamiento a la familia del reo político Eddy Montes, asesinado el 16 de mayo de 2019 por custodios del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo».

“A través de una red social me han mandado que me van a dar plomo, me van a mandar la paz de los cementerios, que tienen ubicada a mi familia, a mis hijos. También he sido asediada, filmada, fotografiada y fui víctima de un atentado a mi vehículo cuando acompañé a la familia de Eddy Montes”, denunció la defensora.

Abogada Yonarqui Martínez víctima de asedio

La abogada independiente Yonarqui Martínez en las últimas semanas ha sufrido acoso por parte de la Policía orteguista. A finales de julio fue retenida por la Policía y llevada a una delegación y su vehículo trasladado al depósito vehicular municipal. Ella denunció que su retención fue ilegal porque no cometió ninguna infracción.

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Martínez ha llevado los juicios en contra de los presos políticos desde el inicio de la crisis sociopolítica, mismos que hoy se encuentran en libertad bajo la Ley de Amnistía, aprobada por la dictadura el ocho de junio.

La oposición exige al régimen de Ortega el cese inmediato de los actos represivos contra el gremio de defensores y abogados. «El trabajo de la defensoría de derechos humanos, regido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de vital importancia, especialmente en situaciones como las que se viven Nicaragua, donde se reprime, secuestra, condena y acusa por ejercer nuestros derechos ciudadanos», resalta el documento.