Dictadura Ortega-Murillo aprueba la nueva «guillotina» para encarcelar a sus funcionarios corruptos «libreteados»

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió este miércoles 6 de agosto a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma constitucional para transformar la Procuraduría General de la República (PGR) en un nuevo órgano con el nombre de Procuraduría General de Justicia, supuestamente para castigar a sus funcionarios corruptos, bajo el slogan propagandista de «TOD@S CONTRA LA CORRUPCIÓN». La reforma ya se aprobó en primera legislatura por la bancada oficialista que controla el Parlamento, sin mayores objeciones ni discusión.

Aunque la dictadura dice que la propuesta es parte de una cruzada institucional contra el «tsunami de corrupción que azota al mundo», el contexto político en el que se lanza delata su verdadero objetivo: instalar una estructura de persecución contra miembros del propio aparato estatal, en especial aquellos que puedan representar un riesgo para la cúpula gobernante. La medida llega justo después del encarcelamiento de Bayardo Arce Castaño, exasesor económico de Ortega y uno de los últimos cuadros históricos del sandinismo, acusado de ocultar propiedades, realizar transacciones sospechosas y negarse a entregar información a la actual Procuraduría.

El anuncio oficial fue hecho por la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, durante su alocución del mediodía del martes 5 de agosto. En sus palabras, quedó plasmada la intención punitiva de la nueva institución, orientada no hacia la oposición —fuera ya de las estructuras estatales— sino hacia los propios funcionarios bajo vigilancia del régimen, que bajo el pretexto de robo al erario, puedan caer en la «cacería» de la familia gobernante.

«Sin ninguna consideración»

«La copresidencia de la República instruye a las instituciones pertinentes a desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción que atente contra los intereses de la familia y del pueblo nicaragüense», declaró Murillo. Y añadió: «Por la consigna de todos contra la corrupción, la copresidencia de la República orientó la creación de una Procuraduría General de Justicia que, en conjunto con las instituciones correspondientes, identifique, persiga, procese y penalice, castigando firmemente, sin ninguna consideración que pretenda disminuir el vicio evidente de los corruptos».

Murillo insistió en que esta será una «campaña permanente» contra delitos cometidos por quienes lesionan «los patrimonios económicos, naturales, culturales, materiales, políticos y jurídicos del pueblo nicaragüense». El tono de su discurso, idéntico al de la exposición de motivos de la ley, deja entrever una intención de imponer miedo y control dentro del aparato estatal.

La reforma modifica los artículos 159 y 160 de la Constitución. El nuevo artículo 159 establece que la Procuraduría General de Justicia ejercerá la representación legal del Estado «con profundo compromiso revolucionario y patriótico» y que su misión será «resguardar el Patrimonio Público y combatir con contundencia todas las formas de despojo de las Conquistas de la Revolución». Además, se declara facultada para procesar delitos como blanqueo de activos, narcotráfico y crimen organizado, sin aclarar los límites de su competencia frente a otras instituciones judiciales.

Si Ortega nombra al fiscalizador, ¿Su corrupción es intocable?

El artículo 160 establece que el titular de esta Procuraduría lo nombrará la Presidencia de la República y que contará con «los recursos necesarios» para su funcionamiento. Asimismo, el texto legal señala que en todo el ordenamiento jurídico donde antes se leía «Procuraduría General de la República», deberá leerse ahora «Procuraduría General de Justicia».

La dictadura no detalla si al frente de la nueva Procuraduría General de Justicia quedará siempre la actual procuradora Wendy Morales o si Ortega nombrará a otra persona. El régimen Ortega-Murillo tampoco explica con qué autonomía o independencia operará la nueva institución para perseguir a corruptos cuando estos tengan la autorización expresa de la familia gobernante para ejercer los delitos, tal y como ya han quedado en evidencia a lo largo de estos años, o si es que habrá funcionarios intocables para los cuales esta nueva instancia no tiene ninguna posibilidad de perseguir.

En su conjunto, la reforma proyecta la imagen de un régimen que ya no tiene como prioridad reprimir a la oposición —exiliada, encarcelada o neutralizada—, sino que gira sus mecanismos represivos hacia dentro, para castigar a quienes desde adentro del Frente Sandinista acumulen poder, bienes o autonomía que amenacen el control absoluto de Ortega y Murillo.

Después de esta aprobación en primera legislatura, en el papel, el procedimiento establece que deberá ser aprobada en segunda legislatura el próximo año para quedar incorporada de forma definitiva en la Constitución, un trámite que, bajo la lógica autoritaria del Parlamento, será una mera formalidad. Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia se perfila como un nuevo brazo punitivo del régimen, no contra la corrupción en general, sino contra la deslealtad interna.

El caso Arce y su corrupción de vieja data

En el comunicado publicado por la PGR en horas de la noche del pasado 30 de julio, la entidad informó que actúa «como Máxima Autoridad del Estado nicaragüense para velar por los Intereses y los Bienes que pertenecen al Gobierno y al Pueblo de Nicaragua», y que en cumplimiento de ese mandato constitucional convoca periódicamente a personas o instituciones «sobre los cuales se conoce que incumplieron con sus Obligaciones ante el Estado y el Pueblo de Nicaragua en relación a Bienes, Propiedades, Sociedades y/o cualquier otra situación que lesione los Patrimonios del Estado».

En este caso específico, la Procuraduría afirmó que conocía de transacciones y negociaciones realizadas por las oficinas de Bayardo Arce Castaño, las cuales «no cumplían, ni cumplen con lo que manda nuestro marco legal».

La institución detalló que el asistente, de Bayardo Arce, el señor Ricardo Bonilla, era quien «aparecía operando esas transacciones y/o negociaciones», por lo que convocó a rendir cuentas. Según la versión oficial, Bonilla «se negó a acatar la orden» y en consecuencia «se remitió al Sistema Penitenciario Nacional donde continúa bajo interrogación».

En su comunicado de tres páginas, la Procuraduría aseguraba que ante la negativa de Bonilla a rendir cuentas, convocó directamente a Bayardo Arce Castaño, a quien señalan como propietario de los bienes bajo indagación. Según el comunicado, Arce «se limitó a argumentar que todo eso le pertenecía, y por lo tanto, no tenía ninguna obligación de responder a la PGR o a sus Investigaciones».

En el mismo texto, la PGR advirtió los próximos movimientos con Arce Castaño: «Le recordamos que es deber de todo Ciudadano respetar la Constitución y las Instituciones establecidas para velar por los Derechos, Deberes y Bienes de Nicaragua. Incumplir o irrespetar estas Obligaciones Ciudadanas constituyen delitos graves».

Daniel Ortega también lanzó chifletas contra los funcionarios corruptos: «Son ladrones»

El propio Daniel Ortega lanzó una indirecta contra «los ladrones» durante el acto por el 46 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el pasado 19 de julio, en lo que ahora queda más claro que en la cúpula sandinista están dispuestos a dirigir los cañones contra los que puedan resultar un estorbo para los planes de control de la familia Ortega-Murillo.

«Y el que se apropia de algo que no es de ellos, se le llama ladrón. Son ladrones», dijo Ortega en lo que con el paso de los días quedó claro que iban contra los ladrones del su propio régimen y el único que ya cayó bajo esos señalamiento es Bayardo Arce.