Jueza federal de Estados Unidos bloquea eliminación del TPS para hondureños y nicaragüenses y protege a más de 60,000 personas

La jueza federal Trina L. Thompson, con sede en San Francisco, California, dictó este 31 de julio una resolución que frena la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 personas originarias de Honduras, Nicaragua y Nepal, a quienes el gobierno de Donald Trump pretendía dejar sin protección migratoria en las próximas semanas.

El fallo impide que la Secretaría de Seguridad Nacional, encabezada por Kristi Noem, ejecute la revocación del TPS mientras avanza el litigio. Con esta medida cautelar, el programa se mantendrá vigente al menos hasta la próxima audiencia judicial, fijada para el 18 de noviembre de 2025.

Durante la audiencia, la jueza Thompson aseguró que los beneficiarios del TPS no han cometido delitos y han construido una vida digna en Estados Unidos. «Ninguno ha cometido un delito. Estas son personas que han viajado tras desastres hacia los brazos abiertos de Estados Unidos», expresó. Y añadió: «Algunos individuos han estado aquí toda su vida, han trabajado, contribuido a sus comunidades, pagan impuestos… sin una vía tangible hacia la ciudadanía».

Thompson criticó además los argumentos del gobierno como insuficientes y sesgados, al considerar que no se realizó un análisis técnico sobre las condiciones actuales de los países de origen. En su resolución señaló que la decisión del gobierno parecía estar guiada por prejuicios raciales: «La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que buscan los demandantes. En cambio, se les dice que expíen su raza, que se vayan por sus nombres y que purifiquen su sangre». Y remató: «El color no es ni un veneno ni un delito».

El fallo también advierte que eliminar el TPS tendría un impacto devastador no solo para las familias afectadas, sino para la economía estadounidense. La jueza mencionó que la cancelación del programa implicaría una pérdida estimada de 1,400 millones de dólares en el producto interno bruto, además de la separación de familias, pérdida de empleos, seguros médicos y estabilidad comunitaria.

El TPS fue otorgado a hondureños y nicaragüenses en 1999 tras el paso del huracán Mitch, y a nepaleses en 2015, luego de un terremoto que dejó miles de muertos. Muchos de sus beneficiarios llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos, con hijos nacidos en el país y vínculos familiares profundos.

La jueza Trina Thompson dejó claro que, lejos de representar una amenaza, los beneficiarios del TPS buscan lo que cualquier ciudadano: «La oportunidad de la libertad y el sueño americano». Su decisión representa un revés judicial importante para la administración Trump y una esperanza renovada para miles de familias centroamericanas.