¡Van contra la familia! Régimen de Nicaragua hostiga a parientes de periodistas en el exilio

El informe trimestral de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (Fled), correspondiente al periodo de abril a junio de 2025, revela una alarmante intensificación del hostigamiento contra los familiares de periodistas nicaragüenses en el exilio por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, detalla un total de 40 casos de violaciones a la libertad de prensa en el país, de los cuales 28 ocurrieron en el entorno digital.

El informe señala que este tipo de agresión es una táctica que busca coartar la labor de la prensa independiente y que, consecuentemente, lleva a un aumento de la autocensura entre los comunicadores. «La autocensura ha aumentado entre periodistas exiliados, ante el recrudecimiento de represalias contra sus familiares en Nicaragua», dice el documento.

Fled especificó tres casos: el de una periodista exiliada en Estados Unidos (EE. UU.) desde el año 2023, quien denunció que su familia, que permanece en el país, fue objeto de vigilancia por parte de civiles armados vinculados al partido sandinista. Otro caso es el de una reportera exiliada que denunció acciones de asedio e intimidación contra su familia, residente en una comunidad rural. El tercer caso es el de una periodista nicaragüense exiliada en Costa Rica que alertó sobre un acto de hostigamiento que ha alcanzado a su entorno familiar en Nicaragua.

Agresiones en el ámbito digital

El informe detalla que las agresiones contra periodistas han migrado al entorno digital. «El desplazamiento de las agresiones al ámbito digital refleja una consecuencia alarmante: la presencia física del periodismo en el territorio nacional es cada vez más limitada. A medida que el exilio y el silencio forzado reducen la cobertura desde el terreno, las campañas de hostigamiento, amenazas y ataques se trasladan con mayor fuerza a las plataformas digitales, donde el control y la vigilancia también se intensifican», señala el informe.

A la par, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado una campaña de estigmatización contra el periodismo independiente, utilizándolos como blanco de descalificaciones. El informe señala que los medios oficialistas y voceros gubernamentales los tildan de «enemigos del pueblo».

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Mientras que los periodistas que todavía residen en Nicaragua se autocensuran para evitar ataques en su contra. Fled documentó, al menos, tres casos en los que los periodistas limitaban su cobertura a fuentes como sucesos o comunitarios para evitar ataques en su contra.

«Esta forma de censura, sumada a las múltiples barreras para acceder a la información, está forzando a muchos periodistas a buscar fuentes alternativas de ingresos, lo que en muchos casos implica abandonar temporal o definitivamente el ejercicio del periodismo».

Periodistas obligados a migrar

Durante el segundo trimestre de 2025, Fled documentó el exilio forzado de cuatro periodistas, elevando a 293 la cifra de comunicadores sociales obligados a abandonar Nicaragua desde 2018.

«El desempleo y la incertidumbre económica afectan a periodistas nicaragüenses exiliados, forzándolos a abandonar la profesión o a sostenerla de forma voluntaria sin ingresos. Muchos se ven obligados a combinar su oficio con otros trabajos como estrategia de subsistencia y resguardo», resalta el documento.

El informe revela que los periodistas que salieron de Nicaragua tampoco tienen garantizada la seguridad en otros países de acogida. «El asesinato de Roberto Samcam, exmilitar ha causado un impacto profundo entre periodistas, quienes han comenzado a implementar medidas de seguridad personal y a gestionar su reubicación en países más seguros».

Los periodistas nicaragüenses exiliados enfrentan serias dificultades en otros países, en particular en Costa Rica, donde al menos 15 de ellos solo poseen un estatus migratorio provisional (Dimex) como solicitantes de refugio. Por otro lado, siete periodistas a quienes el gobierno nicaragüense les retiró la nacionalidad, han pedido asilo en España con la esperanza de establecer un precedente legal.