España concede la nacionalidad a 23 nuevos nicaragüenses, sumando ya 167 protegidos ante la represión de Ortega y Murillo

El gobierno de España oficializó el pasado viernes, 4 de julio de 2025, la concesión de la nacionalidad española a 23 nuevos ciudadanos nicaragüenses, sumándose así a los 144 a quienes ya había otorgado esta protección desde 2023. Con este nuevo grupo, España ha nacionalizado a un total de 167 nicaragüenses que fueron despojados de su ciudadanía por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo o son familiares directos de los desnacionalizados. Aunque el otorgamiento fue aprobado en Consejo de Ministros el 3 de junio de 2025, la nacionalidad solo se hizo oficial con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un mes después.

Entre los nuevos nacionalizados destaca el periodista Luis Galeano (Luis Manuel Chavarría Galeano), exiliado en Estados Unidos y quien fue despojado de su nacionalidad en el grupo de los 94, el 15 de febrero de 2023. También figura el exministro de Educación Humberto Antonio Belli Pereira, hermano de la escritora Gioconda Belli, quien fue despojado de su nacionalidad también en el grupo de los 94.

Se suman cinco familiares directos del escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez Mercado, quien ya había sido nacionalizado por España tras su propia desnacionalización: Elianne Marie Schutze Ramírez, Andrés Schutze Ramírez, Camila López Ramírez, Marianna Ramírez Tropiano (sus nietos) y Sergio Ramírez Guerrero (su hijo).

España también concedió la nacionalidad a exfuncionarios del Poder Judicial, entre ellos Hans Camacho Chévez, exresponsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y desterrado en el grupo de los 222, y María José Camacho Chévez, exasesora de la desaparecida presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. La exasesora de Ramos también fue desterrada en el grupo de los 222. Además, entre los nuevos ciudadanos españoles aparece Lisset Mabel Avilés Buitrago, quien no hemos logrado ubicar en las listas de oficialmente despojados de su nacionalidad, sin embargo, con ese nombre aparece un perfil de LinkeIn en el que aparece como analista de gestión de la Corte Suprema de Justicia.

Otro beneficiado que no ha sido encontrado en las listas de desnacionalizados es Martín Roberto Aragón Gutiérrez. Con este nombre aparece un abogado originario de Masaya, a quien fuentes opositoras identifican como extrabajador de la Asamblea Nacional y militante sandinista. Artículo 66 no ha podido confirmar por su cuenta si esta persona es la misma que habría sido protegido con la nacionalidad española ni se logró saber si tiene algún parentesco con alguna persona oficialmente desnacionalizada en las tres listas a quienes el gobierno español les ofreció la protección.

Del grupo de los 222 figuran además Alexis Peralta Espinoza, de Condega, Estelí; Bryan Vladimir Cornejo Rivas, de Managua; y Steven Moisés Mendoza (originario de Masaya). También fueron nacionalizados dos exseminaristas de la diócesis de Matagalpa que integraban ese mismo grupo: Darvin Esteyling Leiva Mendoza y Melkin Antonio Centeno Sequeira.

Entre las esposas de desterrados figuran Dina Yadira Medrano Domínguez, esposa de Mauricio Díaz, ex directivo de Ciudadanos por la Libertad (CxL) desterrado en el grupo de los 222; Maydana Modesta Martínez Morales, esposa del defensor de derechos humanos Álvaro Leyva; y María Margarita Hurtado Chamorro, conocida como Olama Hurtado, esposa de Jesús Téfel.

Del grupo de los 135 nicaragüenses expulsados a Guatemala en septiembre de 2024 fueron nacionalizados Julio José García Guevara, originario de Masaya, y Raúl Enrique Robles, originario de Matagalpa.

Finalmente, en la lista aparecen dos personas que no han podido ser identificadas públicamente como desterradas o con vínculos directos a los grupos anteriores: Alice Margaret Lacayo Thompson y Ana María Salgado Tello.

España ha concedido estas nacionalidades por carta de naturaleza en atención a circunstancias excepcionales. Según los decretos oficiales, la medida busca proteger a personas que han quedado en situación de apatridia o riesgo tras ser despojadas arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense.

La dictadura de Ortega y Murillo ha despojado de su nacionalidad a al menos 450 personas entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, en tres grandes oleadas: el grupo de los 222 desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023, el grupo de los 94 desnacionalizados días después, y el grupo de los 135 expulsados a Guatemala en septiembre de 2024. Además, decenas de exiliados permanecen en condición de «apatridia de facto» tras huir del país sin documentación vigente o no han podido renovar pasaportes en los consulados por que la dictadura se los ha negado tajantemente.