ANÁLISIS | Las nuevas tarifas a solicitantes de asilo en Estados Unidos, ¿Cómo afectarán a los migrantes?

Las nuevas tarifas impuestas por la administración Trump a solicitantes de asilo, permisos de trabajo y apelaciones judiciales representan un enorme golpe para miles de migrantes que tendrán que desembolsar altas sumas de dinero para poder seguir intentando obtener documentos para quedarse en Estados Unidos.

Estas medidas forman parte de la ley presupuestaria aprobada en el Congreso y el Senado norteamericano hace algunos días y se espera que entre en vigor una vez que el presidente Donald Trump estampe su firma, que según ha anunciado la Casa Blanca, lo hará este cuatro de julio, a propósito del Día de la Independencia en ese país.

Bajo las nuevas disposiciones, quienes presenten una solicitud de asilo deberán pagar $100 al momento de aplicar, más $100 por cada año que permanezca en trámite. Esto elimina la gratuidad histórica de este proceso y convierte al asilo, un derecho protegido internacionalmente, en un trámite condicionado por la capacidad económica.

Además, se establecen tarifas para los permisos de trabajo (EAD), documento indispensable para cualquier solicitante de asilo que busque sobrevivir dignamente mientras espera la resolución de su caso. Cada permiso costará $550 para la emisión inicial y $550 anuales en caso de renovación.

En la práctica, un migrante que espere cinco años por la resolución de su asilo pagaría aproximadamente $3,900 en tarifas, sumando los $100 iniciales por aplicar, $500 adicionales por mantener el trámite activo durante cinco años, más $550 por la emisión inicial de su permiso de trabajo y $2,750 por las renovaciones anuales del EAD. Este monto representa una carga económica muy difícil de asumir para personas que llegan al país huyendo de la violencia y la persecución.

A estas nuevas cargas se suman los costos de las apelaciones en caso de negación del asilo en Corte de Inmigración, que oscilarán entre $500 y $1,500, según el tipo de trámite o moción judicial. Para muchos migrantes, este costo adicional representa la diferencia entre apelar una decisión injusta o quedar desprotegidos ante una inminente deportación.

Especialistas migratorios coinciden en que estas medidas afectarán principalmente a solicitantes de asilo provenientes de América Latina, quienes suelen llegar huyendo de persecución política, violencia de pandillas, violencia de género o criminalización en sus países de origen. Para estas personas, el asilo es su única opción legal y humanitaria para proteger su vida, pero ahora se convierte en un enorme desafío económico.

«Esto transformará el derecho al asilo en un beneficio condicionado por la capacidad de pago. Las personas pobres, sin redes de apoyo, serán las más afectadas», advirtió el American Immigration Council, que calcula que solo en tarifas directas un solicitante pagará más de $3,000 durante la duración promedio de su caso.

Además, las nuevas multas de hasta $5,000 para quienes sean detenidos tras cruzar la frontera sin documentos o permanezcan en el país tras una orden de deportación constituyen un golpe financiero irrecuperable para la mayoría de migrantes, cuyos ingresos en trabajos no calificados apenas cubren sus gastos básicos y les dejan un pequeño excedente para enviar a sus familias en su país de origen.

Actualmente, más de 1.2 millones de casos de asilo permanecen pendientes en las cortes de inmigración estadounidenses. Con estas nuevas tarifas, cada uno de estos migrantes enfrentará un costo anual por esperar una respuesta, lo que podría empujarlos a abandonar sus casos o a vivir en la informalidad y el temor.

Organizaciones proinmigrantes han advertido que este sistema consolida un modelo de exclusión económica: «Convertir el acceso a la protección humanitaria en un trámite costoso no reducirá la migración, pero sí aumentará el sufrimiento y la irregularidad», alertó un informe del National Immigration Forum.

Aunque la administración Trump justifica las nuevas tarifas como parte de un plan de “sostenibilidad financiera del sistema migratorio”, abogados especializados en inmigración aseguran que estas medidas buscan desalentar los casos de asilo y reducir las apelaciones judiciales por razones económicas.

Por ahora, el reto para miles de solicitantes de asilo es encontrar el dinero para pagar sus renovaciones de permisos de trabajo y las futuras tarifas de sus casos, o arriesgarse a quedar sin documentos, sin empleo y sin protección frente a la deportación.