Trump avanza en su plan de eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes en Estados Unidos

El expresidente estadounidense Donald Trump obtuvo este viernes, 27 de junio de 2025, un triunfo parcial en la Corte Suprema que podría facilitar su intento de restringir la ciudadanía automática para hijos de migrantes nacidos en el país, un derecho garantizado desde 1868 por la 14ª Enmienda. Aunque la Corte no avaló su orden ejecutiva, limitó la capacidad de los jueces federales para bloquearla de manera nacional, permitiendo que el litigio continúe estado por estado.

En enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, denominada en inglés “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship” (Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense), que busca eliminar la ciudadanía automática para hijos de padres indocumentados o con visas temporales. Según estimaciones de organizaciones de derechos civiles, esta medida afectaría a más de 150,000 niños cada año en todo el país.

La orden fue inmediatamente impugnada en cortes federales de estados como Washington, New Hampshire y New Jersey, donde jueces emitieron mandatos de suspensión con alcance nacional, argumentando que la medida era «abiertamente inconstitucional» y violaba la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda. En el caso Washington v. Trump, el juez John C. Coughenour bloqueó la ejecución de la orden a nivel nacional, pero la administración apeló ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

El litigio llegó a la Corte Suprema, que este 27 de junio dictaminó con seis votos a favor y tres en contra que los tribunales de distrito no tienen autoridad para emitir prohibiciones universales (injunctions universales) que afecten a personas ajenas a los casos presentados. El fallo devuelve el caso a tribunales inferiores y mantiene suspendida la orden por 30 días, período en el cual los demandantes pueden solicitar medidas colectivas o estrategias de litigio de clase.

La jueza Amy Coney Barrett, en la opinión mayoritaria, argumentó que «los tribunales federales no tienen autoridad para dictar mandatos que protejan a personas que no están involucradas en el caso ante ellos». Por su parte, la magistrada Sonia Sotomayor, junto a Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, advirtió en su voto disidente que esta decisión «amenaza derechos constitucionales fundamentales y crea un nuevo régimen legal que dificulta frenar abusos del poder ejecutivo».

La organización CASA de Maryland, junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), presentó de inmediato una demanda colectiva para frenar la orden ejecutiva y proteger el derecho a la ciudadanía por nacimiento de todos los niños nacidos en Estados Unidos. Según el director de litigios de CASA, «esta orden no solo es inconstitucional, es moralmente inaceptable y tendrá efectos devastadores en cientos de miles de familias».

Mientras tanto, la administración Trump insiste en que su objetivo es «proteger la ciudadanía estadounidense de la migración ilegal y los abusos de la política de nacidos en suelo estadounidense». El portavoz de la Casa Blanca afirmó que seguirán defendiendo la orden hasta que sea aplicada en su totalidad.

Con este fallo, la constitucionalidad de la orden ejecutiva aún no ha sido resuelta. El caso podría regresar a la Corte Suprema en su próxima sesión, a partir de octubre de 2025. Entre tanto, la decisión de este viernes sienta un precedente que limita la práctica de los tribunales federales de emitir injunctions universales (prohibiciones nacionales), herramientas que durante décadas han bloqueado la aplicación de decretos presidenciales en materia migratoria, sanitaria y comercial.

Para las organizaciones de derechos civiles, esta restricción representa un riesgo estructural. «Es un ataque directo al acceso a la justicia de comunidades enteras que se verán afectadas», advirtió la ACLU.

La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha estado garantizada desde la aprobación de la 14ª Enmienda en 1868, tras la abolición de la esclavitud, como un principio de igualdad y no discriminación. Este intento de Trump de revertirla marca uno de los movimientos más radicales en política migratoria en la historia reciente del país.