Ocho diputados oficialistas de Costa Rica se oponen a condenar asesinato de Roberto Samcam

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este lunes, 23 de junio de 2025, una moción de orden para condenar y protestar por el asesinato del militar retirado, exiliado y opositor nicaragüense Roberto Samcam Ruiz, acribillado a balazos en San José el pasado 19 de junio. La moción fue respaldada por 34 diputados, pero ocho legisladores oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afín al presidente Rodrigo Chaves Robles, votaron en contra, provocando un fuerte choque político en el Parlamento.

La moción fue leída por la diputada independiente y secretaria del Congreso, Gloria Navas, quien destacó que Samcam fue una «voz crítica del régimen orteguista» y denunció «la militarización del poder y las violaciones a los derechos humanos» cometidas por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El texto advirtió que el asesinato del opositor, ejecutado por un sicario en Moravia, evidencia que el aparato represivo de la dictadura nicaragüense «opera en Costa Rica de manera alarmante».

Durante el debate, Eliezer Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista, lamentó que este sea el segundo caso en año y medio en el que un refugiado nicaragüense sufre un atentado en Costa Rica. «No podemos permitir esto. Somos un Estado soberano, tenemos que garantizarle a las personas que buscan refugio en nuestro país su seguridad», advirtió. El diputado recordó el atentado contra el opositor Joao Maldonado en enero de 2024, y pidió una investigación que determine «no solo quién fue el gatillero, sino quién dio la orden y quiénes están operando en nuestro país».

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, señaló que «lo que ha sucedido con don Roberto es una acción de un régimen autoritario que busca medidas ejemplificantes». Añadió que «no puede ser que en Costa Rica se guarde silencio ante eso» y emplazó al Ejecutivo a investigar si el asesinato tiene características transnacionales. «Para eso sirve la DIS, no para perseguir diputados y diputadas costarricenses», sentenció.

Desde la vereda oficialista, el diputado Daniel Vargas, del PPSD, rechazó la moción y dijo que no es viable pedir una investigación especial o protección diferenciada para los refugiados. «No pueden haber tratamientos distintos. Las personas refugiadas son un ciudadano más que vive en el territorio costarricense», argumentó. Añadió que en el país hay más de 9.900 refugiados nicaragüenses y más de 224.000 solicitudes de refugio en trámite, por lo que «no alcanzaría un policía por refugiado».

Estas declaraciones provocaron una respuesta enérgica del diputado Gilberto Campos, del PLP, quien consideró absurda la posición oficialista. «Decir que es un refugiado más es como decir que el presidente de la República es un costarricense más, o que el Papa es un ser humano más. Roberto Samcam no era una persona cualquiera. Era un líder político que luchaba por la libertad contra la dictadura», sostuvo. Y remarcó: «Este tema tiene que ver con seguridad nacional. En Costa Rica no pueden operar células de gobiernos autoritarios».

También la diputada Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, alzó la voz contra el oficialismo: «Es asombrosa la ignorancia que traen muchísimos diputados a este plenario legislativo. ¿Cuánta ignorancia por Dios para seguir justificando la ineptitud del Gobierno? Esto es seguridad nacional».

Pese a la segunda votación solicitada por los oficialistas para revisar el acuerdo, el resultado se mantuvo: 34 diputados votaron a favor de la moción y 8 en contra, todos del partido de gobierno. La moción también exige al Gobierno de Costa Rica que revise los protocolos de protección a personas refugiadas y que condene públicamente el crimen.

El asesinato de Samcam ha despertado preocupación entre sectores políticos y sociales, que ven en el crimen un posible caso de sicariato transnacional ordenado desde Nicaragua, y alertan sobre la inseguridad que enfrentan los exiliados nicaragüenses en territorio costarricense.