Álvaro Leiva denuncia que Costa Rica ignoró advertencias sobre sicariato sandinista: «El régimen Ortega-Murillo es una amenaza regional»

El abogado defensor de derechos humanos y presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en el Exilio (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, confirmó que abandonó Costa Rica tras solicitar el retiro voluntario de su condición de refugiado debido a las amenazas y hostigamientos que sufrió en ese país. Leiva, quien fue despojado de su nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció la existencia de estructuras de espionaje e infiltración de sicarios que estarían operando desde territorio costarricense con respaldo de la Embajada de Nicaragua.

«Con el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, la dictadura Ortega-Murillo envió un fuerte mensaje intimidatorio a la oposición nicaragüense y a los derechos humanos en el exilio. No es la primera vez que lo hace. Además, envía un mensaje a la comunidad internacional de que no respeta soberanías nacionales», afirmó Leiva en entrevista con Artículo 66.

El abogado señaló que el crimen contra Samcam —ocurrido el 19 de junio en su vivienda en el cantón de Moravia, San José, Costa Rica— pudo haberse evitado si las autoridades hubiesen garantizado una protección efectiva. «Proporcionándole la protección efectiva que necesitaba, como un refugiado cuya seguridad personal estaba en alto grado de vulnerabilidad», aseguró.

Según Leiva, el régimen nicaragüense ha creado una red internacional de informantes y sicarios, cuyo centro de operaciones en Costa Rica sería la Embajada de Nicaragua. «La dictadura Ortega-Murillo ha creado una red internacional de informantes, quienes proporcionan a sus jefes inmediatos la información que los sicarios necesitan para llevar a cabo las misiones criminales que les son encomendadas. Esa red tiene como centro de mando la Embajada de Nicaragua», advirtió.

El abogado sostiene que estos agentes actúan con bajo perfil, pero con alta precisión y recursos suficientes para llevar a cabo operaciones de vigilancia, acoso y posibles atentados. «Se los puede detectar en los seguimientos que dan a los opositores marcados por la dictadura. Por ejemplo, monitorean, desde vehículos estacionados, los locales —casas, o edificios de apartamentos— donde sus víctimas se hospedan, o vigilan los lugares de trabajo», detalló.

Leiva confirmó que abandonó Costa Rica en julio de 2024, luego de haber denunciado reiteradamente persecución, vigilancia de sujetos con perfil nicaragüense, llamadas amenazantes y mensajes intimidatorios. «He denunciado todo ello, en diferentes momentos y a diferentes autoridades costarricenses, pero mis planteamientos han sido, invariablemente, tratados con indiferencia y omisión», lamentó.

«Sus potenciales victimarios suelen estar entre ellos»

El abogado alertó que el nivel de vulnerabilidad de los opositores exiliados en Costa Rica es «extremadamente alto», y llamó a los refugiados a mantenerse en alerta. «Es de vital importancia que los migrantes nicaragüenses, principalmente los perseguidos por la dictadura Ortega-Murillo, se mantengan en estado de alerta. Y que tengan presente que sus potenciales victimarios suelen encontrarse entre ellos», advirtió.

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Como parte de su llamado a las autoridades costarricenses, Leiva insistió en la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad, mejorar el control migratorio y aplicar las convenciones internacionales para proteger a personas perseguidas por razones políticas. «Resulta necesario intensificar los mecanismos oficiales de seguridad (…) teniendo en cuenta que los agentes de la dictadura suelen infiltrar las constantes corrientes de migrantes», puntualizó.

Una secuencia de atentados y asesinatos políticos

El crimen contra Roberto Samcam es el episodio más reciente de una serie de actos de represión transnacional cometidos contra opositores nicaragüenses en el exilio. El mayor retirado, experto en temas de seguridad y exmilitar sandinista, fue asesinado por un sicario que lo atacó a balazos en su propia casa el 19 de junio. Samcam había regresado a Costa Rica apenas 72 horas antes del ataque, tras haber estado en Estados Unidos por razones de seguridad.

Otro caso emblemático es el del activista opositor Joao Maldonado, quien ha sobrevivido a dos atentados armados en Costa Rica, uno en septiembre de 2021 y otro en enero de 2024. En el segundo ataque, también fue víctima su esposa, Nadia Robleto, quien recibió un disparo en el cuello que la dejó en condición de discapacidad permanente, en silla de ruedas.

En 2022, Rodolfo Rojas Cordero fue asesinado en Honduras tras haber sido engañado y llevado desde Costa Rica. El crimen fue interpretado como una ejecución con motivaciones políticas. Asimismo, en Upala, Costa Rica, fue asesinado a balazos Jaime Ortega, un campesino nicaragüense opositor al régimen.

Estos casos han sido documentados por organismos de derechos humanos y apuntan a una estrategia deliberada de represión extraterritorial impulsada por el régimen de Ortega y Murillo, que también ha despojado de su nacionalidad a más de 450 ciudadanos críticos, incluidos activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios y religiosos.