Asesinato de Roberto Samcam revela que «células sandinistas están confabuladas con autoridades de alto nivel» de Costa Rica, denuncia el abogado Álvaro Leiva 

Desde hace años, Costa Rica enfrenta una creciente infiltración del crimen organizado, el narcotráfico y las células del sandinismo en su territorio, denuncia el abogado y defensor de derechos humanos Álvaro Leiva.

El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), acogido por Costa Rica como asilado político el nueve de agosto de 2018, asegura que el crimen del mayor en retiro Roberto Samcam en San José «es una tragedia que pudo haberse evitado» si el gobierno atendiera los llamados donde opositores, refugiados y exiliados nicaragüenses han elevado amenazas de muerte en su contra.

Leiva, el 14 de noviembre de 2024, envió una comunicación oficial al despacho de la Presidencia, dirigida al mandatario Rodrigo Chaves, solicitando la renuncia al beneficio de asilo. Su integridad física estaba en peligro y pese a sus continuas denuncias no hubo acciones. El 13 de enero de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto le notificó sobre la aceptación del requerimiento.

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«La razón radica en la absoluta falta de seguridad a mi integridad física y mi vida, situación que no solamente ha persistido desde 2018 -cuando me fue otorgado el asilo- sino que se ha agudizado alarmantemente, al punto de haberme obligado a procurar resguardo fuera del territorio costarricense», dice la carta enviada a Chaves el año pasado en poder de Artículo 66. Leiva abandonó Costa Rica en julio de 2024 y decidió que su organización ANPDH retomara operaciones bajo clandestinidad.

Leiva considera que además de la inacción de las autoridades hay una confabulación interna. A Samcam lo asesinaron de ocho balazos en la puerta de su apartamento el pasado 19 de junio. Un sicario ingresó al condominio Naples, en el cantón de Moravia, en San José, haciéndose pasar por inquilino del mismo complejo. Subió al apartamento donde residía Samcam, lo llamó por su nombre y cuando la víctima abrió la puerta, le disparó con un arma calibre 9 mm, hiriéndolo mortalmente en el tórax, el abdomen y las piernas. La Cruz Roja Costarricense desplazó una unidad de soporte avanzado hasta el lugar tras recibir el reporte de una persona herida, pero al llegar, los paramédicos determinaron que ya no tenía signos vitales.

En este suceso, el abogado hace una conexión de hechos. Samcam, por los temores a su seguridad se trasladó por dos meses a Estados Unidos. El 15 de junio de 2025 retornó a San José y en menos de 72 horas tras su regreso lo asesinaron. «Llama la atención que quienes tienen el control de entradas y salidas son las autoridades migratorias de Costa Rica y las células del sandinismo están confabuladas con las autoridades de alto nivel», devela el opositor, que el 15 de febrero de 2023 fue privado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense.

El fiscal adjunto de la Fiscalía General de Costa Rica, Mauricio Boraschi Hernández, en entrevista con CNN reconoció que sí existía algún antecedente por parte de Roberto Samcam con las autoridades costarricenses por denuncias de vigilancia o persecución. El mayor en retiro y férreo crítico de la dictadura nicaragüense había alertado sobre los riesgos que enfrentaba.

«No directamente con nosotros (la Fiscalía), las autoridades represivas propiamente, sino con autoridad de inteligencia del Estado costarricense, donde ya era una persona conocida», afirmó. Recordó además que Samcam tenía una condición migratoria especial como asilado político, y que había sido despojado de su nacionalidad por el gobierno de Nicaragua, un hecho que calificó como «muy sui géneris».

El brazo largo de Jaentschke

El defensor de derechos humanos reconoce a Costa Rica como un referente histórico a nivel mundial en solidaridad a los perseguidos políticos, pero lamenta que «esa tradición de garantía de seguridad para los exiliados ha sido notoriamente erosionada, en años recientes» y para los nicaragüenses en mayor medida debido a que sus represores, encabezados por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, están a kilómetros para penetrar en territorio nicaragüense.

En ese entramado presentó documentos ante entidades como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los que afirma la presencia y conformación de una célula de vigilancia y espionaje que fue conformada por el ahora canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke.

«La delictiva estructura de agentes de inteligencia y sicarios nicaragüenses infiltrados en Costa Rica fue consolidada y fortalecida por Ludwing Valdrack Jaentschke Whitaker, un peón de la dictadura Ortega-Murillo -actualmente, canciller del régimen-, durante su período (2022-2024) al frente de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica -en calidad de “ministro Consejero con Funciones Consulares”-», explica. 

Agrega que ese caso «fue, igualmente, referido en las cartas que dirigí a usted (Rodrigo Chaves), respectivamente, el 1 de abril y el 14 de octubre de 2024, lo mismo que en el “Informe: Misión del Diplomático Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker en la infiltración del régimen Ortega-Murillo de Nicaragua en la Seguridad Nacional de la República de Costa Rica”, proporcionado a instancias de inteligencia y de seguridad costarricenses». 

«Se trata de agentes de la dictadura quienes, mediante acciones terroristas selectivas contra mí y contra otros nicaragüenses, además cumplen la misión general de desestabilizar al gobierno de Costa Rica -sin perjuicio de quien ejerza la presidencia-, generando xenofobia, inseguridad pública, así como la comisión de actividades de crimen organizado -tales como narcotráfico, la comercialización ilegal de armas, la extracción ilegal de oro de minas costarricenses, el lavado de activos, y la trata de personas, amparados como refugiados con documentos emitidos por Costa Rica-»,  recalca.

Frente a esta decisión de la administración costarricense de no tomar medidas, Leiva remarca que la omisión de un Estado los hace cómplices de los crímenes que se ejecutan bajo la tutela de un país.

«Hay una constante y creciente infiltración de agentes de seguridad/inteligencia y sicarios, de la dictadura Ortega-Murillo, en territorio costarricense, para posicionarse -impunemente- en la comunidad de exiliados nicaragüenses, con el múltiple propósito criminal de vigilancia, secuestro, y atentados contra la vida.
De modo que, a causa de la incontenible acción represiva fuera de fronteras, por parte de ese régimen, la soberanía y fa seguridad costarricenses se encuentran profundamente comprometidas, y, por lo tanto, la vida de los exiliados nicaragüenses está en flagrante peligro», apunta.

Leiva concluye que el crimen de Samcam y otros atentados como el de Joao Maldonado y Nadia Robleto, bajo el mismo modus operandi del empleo de sujetos desconocidos, que tenían estudiados sus movimientos y ocupaciones; revelan que el Estado de Costa Rica ya no está en condiciones de garantizar la integridad de quienes procuran el exilio en ese país.

Desde marzo de 2019, Leiva entregó 11 cartas exponiendo sobre la fragilidad de la seguridad pública en Costa Rica frente al régimen Ortega-Murillo del Estado de Nicaragua. Las comunicaciones han llegado tanto en el gobierno de Carlos Alvarado como el de Rodrigo Chaves. Ante ninguno tuvo eco su petición de protección.

Criminalidad en Costa Rica

En mayo de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) afirmó que Costa Rica mantiene un promedio de 2.4 homicidios diarios, una cifra alarmante en temas de seguridad nacional.

La organización advirtió que no descartan que el 2025 cierre con aproximadamente 900 homicidios si el ritmo actual se mantiene. Este clima de violencia en el país vecino, es propicio para las operaciones de inteligencia y criminalidad que el sandinismo puede ordenar desde Managua y hacerlas ver como parte de «pasadas de cuenta» o acciones contra opositores porque «andaban en malos pasos», aunque sean motivadas políticamente desde el sandinismo contra sus oponentes.