Ortega y Murillo someten a la Contraloría y la emparejan con su esquema de Estado de dos «copresidentes» 

El matrimonio bicéfalo que controla Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, oficializó el nombramiento de Luis Alberto Rodríguez Jiménez y María Eliette Esquivel Tinoco como copresidentes de la Contraloría General de la República, órgano constitucional encargado de la supervisión del uso de los bienes y recursos del Estado.

A través de los Acuerdos Presidenciales No. 92-2025 y 93-2025, firmados el 19 de junio en Managua y que fueron publicados en La Gaceta, Diario Oficial, y establecen que los nuevos co-presidentes «tendrán las atribuciones y funciones establecidas en el artículo 17 de la Ley No. 1253, Ley de Reformas a la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”.

Este doble nombramiento es parte de una reciente reforma institucional que impone la figura de co-presidencias en órganos clave del Estado, supeditando aún más dichas instituciones a la Presidencia que ejercen Ortega y Murillo. La designación de Rodríguez Jiménez y Esquivel Tinoco, ambos conocidos por su fidelidad al sandinismo, refuerza el control político del régimen de «dos cabezas» sobre la Contraloría, órgano que, por mandato constitucional, debería ejercer control independiente sobre los recursos públicos.

El historial político de los copresidentes de la Contraloría

María Eliette Esquivel Tinoco reemplazó a María José Mejía García, sandinista histórica y quien hasta el 12 de junio fue presidenta del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), obligada a renunciar para dar paso a la otra ficha del FSLN.

Esquivel Tinoco es una funcionaria del círculo municipalista del régimen, con trayectoria en el INIFOM y la Procuraduría General de la República. Antes de ser llamada para este cargo en la CGR, fue nombrada codirectora del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en septiembre de 2023 mediante un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta. También se desempeñó como funcionaria en la Procuraduría General de la República, en el área de asuntos municipales, lo que refuerza su vínculo con el aparato territorial del régimen.

Su formación académica incluye una licenciatura en Administración de Empresas con mención en banca y finanzas por la extinta Universidad Centroamericana (UCA), una maestría en diseño y gestión de proyectos sociales, y posgrados en administración pública, planificación estratégica y evaluación de proyectos.

Luis Alberto Rodriguez Jimenez, por su lado, acumula décadas en la Contraloría desde los gobiernos liberales. Es un abogado graduado en la confiscada Universidad Centroamericana y está en la Contraloría desde 1996.

Fue director del área jurídica de la Contraloría, vicepresidente Consejo Superior y en 2023 fue ascendido como contralor propietario.