Exiliados nicaragüenses demandan que el crimen de Samcam no se vea como «hecho aislado» en Costa Rica
Más de 70 nicaragüenses exiliados demandaron protección internacional tras el asesinato a tiros en Costa Rica de un oficial retirado del ejército, fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El mayor Roberto Samcam, de 66 años, fue acribillado por desconocidos la mañana del 19 de junio en su casa en un suburbio de San José, un crimen del que activistas y movimientos nicaragüenses en el exilio responsabilizan al gobierno de Managua.
«Su voz ha sido silenciada de forma brutal, pero su ejemplo nos convoca con más fuerza a exigir respeto por la vida, justicia y protección internacional para quienes somos perseguidos», señalaron en un comunicado dirigentes opositores, periodistas y activistas nicaragüenses en el exilio en varios países.
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Entre los firmantes figura la escritora Gioconda Belli, la activista Samantha Jirón, hija adoptiva de Samcam, el exdiplomático Arturo McFields y el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro (1990-1997), fallecida el sábado en Costa Rica, entre otros.
El grupo de exiliados recordó crímenes de otros nicaragüenses refugiados, como el de Jaime Luis Ortega Chavarría, un líder campesino asesinado en 2024 en el norte de Costa Rica.
«Estos casos confirman la existencia de una estrategia de persecución transnacional que viola el derecho internacional y pone en riesgo la vida de quienes defendemos la democracia desde el exilio», detalló el comunicado.
Los exiliados pidieron a las autoridades judiciales de Costa Rica «una investigación exhaustiva, rápida y transparente» del asesinato de Samcam.
El crimen «no puede quedar impune ni ser tratado como un hecho aislado. Exigimos una respuesta firme y pública, respaldada por la comunidad internacional», dijeron.
Ortega, exguerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y que gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una «dictadura familiar» junto a su esposa Murillo, de 73 años, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.
Su gobierno aumentó la represión en el país tras las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El gobierno sandinista ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos expulsados del país en los últimos años.
Cientos de miles de nicaragüenses se encuentran en el exilio, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España.
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