El «perdón presidencial» para sacar a reos comunes es ilegal; son «liberaciones arbitrarias» o «excarcelaciones sin procedimiento legal», dice Yader Morazán

Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial y especialista en derechos humanos, cuestionó públicamente la legalidad de las continuas liberaciones masivas de reos comunes que realiza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmando que estas se ejecutan al margen de toda norma jurídica y bajo mecanismos que «no tienen siquiera apariencia de legalidad».

La más reciente excarcelación, anunciada el 4 de mayo por medios oficialistas, incluyó la liberación de 1.700 personas privadas de libertad en diversas cárceles del país. Estas acciones se suman a una larga lista de excarcelaciones, que según declaró Rosario Murillo el pasado 14 de febrero, acumulan un total de 52.664 personas liberadas entre 2015 y 2025. Las autoridades insisten en justificar estas medidas bajo figuras como el supuesto «beneficio legal de convivencia familiar» o el «perdón presidencial», expresiones que Morazán denuncia como mecanismos arbitrarios sin sustento jurídico.

En una reflexión publicada en su cuenta oficial de X, Morazán señaló que estas excarcelaciones no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación nacional:

«Solicito a los medios de comunicación de mi país que dejen de referirse al “mecanismo legal” utilizado por la dictadura para liberar a reos condenados como “Régimen de convivencia familiar” que es exclusivo del extinto Poder Judicial. En Nicaragua, aún con el paquete de reformas que instaura la dictadura se establece que la liberación de reos solo puede realizarse mediante un proyecto de ley de indulto o amnistía, o a través de un proceso ante los Jueces de Ejecución Penal y Vigilancia Penitenciaria. Sin embargo, en los últimos años, no se ha seguido ninguno de estos procedimientos y tampoco se ha simulado tal cosa. Basta con una llamada telefónica para ordenar la liberación, y los jueces suelen ser los últimos en enterarse, incluso en casos de condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, a pesar de que la ley prohíbe expresamente cualquier tipo de beneficio en estos casos».

El jurista instó a la prensa independiente y a la ciudadanía a no repetir el discurso oficial que intenta dotar de legalidad estas decisiones:

«Lo más sano sería no utilizar la terminología del gobierno, para no validar su narrativa delante de lo que no tiene siguiera apariencia de legalidad y en el menor de los extremos tomar distancia del uso de la palabra refiriéndose a la forma en como el “gobierno” le llama, sin afirmar, como si fuese un acto jurídico legal o legítimo. Se puede llamar “liberaciones arbitrarias” o “excarcelaciones sin procedimiento legal”».

Morazán enfatizó que la Constitución Política de Nicaragua y el Código Penal, aun los reformados a gusto y antojo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, establecen los mecanismos legales para otorgar libertad a personas condenadas: indultos aprobados por la Asamblea Nacional, amnistías o resoluciones judiciales fundamentadas por jueces competentes. En cambio, el régimen orteguista ha convertido esta práctica en una rutina política discrecional, operada mediante instrucciones telefónicas, al margen del sistema de justicia.

Uno de los aspectos más alarmantes, según Morazán, es que entre los excarcelados figuran personas condenadas por delitos sexuales, en violación directa de la ley, que prohíbe beneficios para este tipo de crímenes. La propia Policía subordinada al régimen ha admitido públicamente que cerca del 8 % de los liberados reinciden en el delito, lo cual eleva el riesgo para comunidades enteras, particularmente para mujeres, niñas y adolescentes que podrían volver a convivir con agresores sexuales perdonados por el régimen.

Las excarcelaciones han sido presentadas por la maquinaria de propaganda estatal como actos de «benevolencia» del «comandante Daniel» y la «compañera Rosario». Los medios oficialistas han difundido entrevistas con liberados que agradecen públicamente a los dictadores, en un claro intento de construir una narrativa de clemencia dictatorial que encubre la arbitrariedad y los riesgos sociales de estas acciones.

Mientras tanto, la dictadura sigue manteniendo en prisión a decenas de presos políticos bajo condiciones inhumanas, incluyendo incomunicación, torturas, aislamiento y privación de atención médica, lo que contradice esa supuesta bondad de los tiranos gobernantes.

Organismos de derechos humanos han denunciado repetidamente que el régimen de Ortega y Murillo manipula el sistema penitenciario como una herramienta de control político, castigando a quienes disienten y premiando a quienes sirven a su narrativa.

Para el jurista Morazán, estas liberaciones masivas no solo violan los derechos de las víctimas, sino que representan un colapso total del Estado de derecho: «Es crucial enfatizar que, según la Constitución y el Código Penal, las liberaciones solo son legales mediante indultos, amnistías o resoluciones judiciales, procesos que no se respetan, ya que las órdenes se dan por decisiones discrecionales, como simples llamadas telefónicas, sin intervención de jueces ni criterios claros. Destacar esta arbitrariedad, apoyándose en la opinión de profesionales del derecho u organismos de derechos humanos, deslegitima la narrativa oficial y visibiliza la violación de los derechos de las víctimas».

Morazán concluye su análisis recordando que la legalidad no puede ser sustituida por la voluntad de quienes ostentan el poder: el respeto al debido proceso es esencial para una justicia verdadera, dice.