UNAB conmemora los siete años de la insurrección cívica en Nicaragua: «El 18 de abril empezó la debacle y la derrota de la dictadura»
A siete años del estallido social que marcó un antes y un después en la historia reciente de Nicaragua, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) reafirmó su compromiso con la memoria, la justicia y la lucha por la democracia, mientras denuncia la continuidad de la represión sistemática por parte del régimen Ortega-Murillo.
En una proclama divulgada este miércoles, la UNAB recordó que el 18 de abril de 2018 significó un parteaguas en la vida política del país. Según el comunicado, aquella insurrección cívica fue una respuesta al «cansancio del pueblo nicaragüense hacia la dictadura Ortega-Murillo», que había cooptado el poder político y económico en alianza con élites económicas.
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Desde entonces, la represión no ha dado tregua. La organización acusa a la dictadura de haber asesinado a más de 330 personas, encarcelado a cientos y forzado al exilio a miles de nicaragüenses, muchos de los cuales han sido despojados de su nacionalidad. «El grupo que yace solo y escondido en El Carmen lo único que ha logrado es prolongar su agonía en el poder», señala la proclama, en referencia a la pareja presidencial.
La UNAB recuerda que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha identificado a 54 perpetradores de crímenes de lesa humanidad, incluyendo al Ejército de Nicaragua. «Los señalados, al igual que otros, rendirán cuentas ante la justicia más temprano que tarde», advierte la organización.
A pesar de la represión, la UNAB insiste en que la resistencia sigue viva. «Desde nuestros espacios, nuestras casas y nuestros recintos, debemos mantener todos la firme resistencia que es el reflejo de la derrota de la tiranía orteguista-murillista», subraya el documento.
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La organización también reafirma su apoyo a la Asociación Madres de Abril y otros colectivos de víctimas, asegurando que la lucha por la justicia sigue siendo «la bandera principal».
La proclama concluye con un llamado urgente a la comunidad internacional para que intensifique la presión sobre el régimen mediante acciones políticas, diplomáticas y financieras. Asimismo, reitera su compromiso con una unidad nacional inclusiva que impulse una transición democrática verdadera.
«¡Viva Nicaragua Libre! ¡Democracia SÍ, dictadura NO!», finaliza la declaración.
Siete años de resistencia
En abril de 2018, Nicaragua fue sacudida por una ola de protestas ciudadanas que comenzaron como una respuesta a una reforma del seguro social que en días escaló hasta convertirse en una insurrección cívica nacional. Jóvenes, estudiantes y ciudadanos de todos los sectores salieron a las calles exigiendo democracia, justicia, libertad y el fin de la represión.
La bandera azul y blanco se convirtió en un símbolo de unidad frente al régimen Ortega-Murillo, que respondió con violencia letal, marcando uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente del país. El máximo emblema del país llegó a criminalizarse. El que ondeaba la bandera va a prisión.
Las consecuencias fueron devastadoras: más de 350 muertos, miles de personas heridas, cientos de prisioneros políticos y un éxodo forzado que convirtió a miles de nicaragüenses en apátridas o exiliados.
El régimen intensificó su control sobre los poderes del Estado, cerró medios independientes, ilegalizó partidos opositores y despojó de su nacionalidad a más de 450 voces críticas. A siete años de aquel estallido, la represión sigue siendo una constante, pero también la resistencia de un pueblo.
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